No puede ser la ‘nueva realidad’, dice Ayuda Legal

Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exigió hoy al gobierno una respuesta mucho más efectiva ante el desastre originado por los terremotos, con refugios libres de riesgos a la seguridad y a la salud pero, sobre todo, con un cambio inmediato de paradigma de refugiados de campamentos a viviendas.

‘El desastre no ha terminado. Este es un tiempo muy crítico para las miles de personas que viven en condiciones pauperrimas, insalubres, inseguras y, en ocasiones, militarizadas’, dijo Adriadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, en una mesa redonda para medios de comunicación celebrada hoy en la sede de la organización, en Santurce.

‘Los refugios no se pueden convertir en la nueva realidad. Exigimos que las 20,000 personas a quienes los terremotos han desplazado de sus hogares tengan acceso a ayuda inmediata y que en esa ayuda incluya viviendas, ya sea de manera temporera o permanente’, añadió.

La organización dedicada a defender el derecho a una vivienda digna comenzó esta semana a llevar brigadas legales comunitarias a las familias desplazadas. Estas brigadas estuvieron el martes con refugiados de Guánica, ayer lo hicieron en Yauco y mañana sábado se darán cita a Guayanilla.

Godreau Aubert destacó que 175 personas, entre abogadas y abogados y estudiantes de Derecho, respondieron al llamado, tomaron un adiestramiento en línea de ALPR y están participando de las brigadas, donde escuchan las situaciones que les plantean los refugiados y llenan las solicitudes de asistencia individual con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

‘Nuestra intención es acompañar a cada una de las familias afectadas por el desastre, ya sea porque perdieron sus hogares o porque viven en un estado de incertidumbre al todavía desconocer el verdadero estado de sus viviendas. Agradecemos profundamente a las abogadas y estudiantes probonistas que han hecho suyo este esfuerzo de acompañamiento’, dijo Godreau Aubert.

Destacó que la responsabilidad del gobierno no ha terminado. Por el contrario, el gobierno tiene la obligación de mantener los campamentos para refugiados en condiciones seguras y salubres.

Explicó que una de las quejas que han recibido es que en los campamentos del gobierno se vive en un ambiente militarizado. Tambien indicó que es urgente implantar protocolos de violencia de genero para evitar la interacción de víctimas de esta violencia con sus agresores y para que no convivan en un mismo espacio físico niños y adolescentes con adultos que están en el Registro de Ofensores Sexuales.

Asimismo, denunció que personal del gobierno han lanzado amenazas, incluyendo remover la custodia de hijos, a quienes se nieguen a cambiarse de los campamentos organizados por las propias comunidades a los del gobierno.

Para cambiar el paradigma de los campamentos de refugiados a reubicar en viviendas, explicó Godreau Aubert, el gobierno tiene la alternativa de hacer un inventario completo de propiedades residenciales re-poseídas por los bancos hipotecarios o que por alguna otra razón están ahora mismo vacantes y adquirir una parte para que las habiten las familias que han perdido su hogar. Recordó que, según los datos que dio el propio gobierno el 17 de enero, los terremotos destruyeron unas 700 viviendas.

Por su parte, Paula Fournier, abogada de ALPR, advirtió que el gobierno de Puerto Rico perdió un tiempo extremadamente valioso al esperar cuatro días entre la solicitud inicial de emergencia al gobierno federal, que solo sirve para pagar o reembolsar los gastos del gobierno puertorriqueño, a la solicitud de desastre mayor, que es la que permite que las familias acceder a ayudas federales. Para colmo, el gobierno puertorriqueño no incluyó a todos los municipios afectados en su solicitud inicial y esperó diez días para enmendarlo. ‘Esto fue una dilación completamente innecesaria’, denunció Fournier.

Entre tanto, Nicole Díaz, tambien abogada de ALPR, dijo que es urgente en cada uno de los 15 municipios para los que se ha solicitado una declaración de desastre mayor FEMA habilite centros accesibles, seguros y no militarizados para que las personas desplazadas puedan solicitar las ayudas a las que tienen derecho.