Tras las citaciones de un Gran Jurado federal de funcionarios y exfuncionarios de la Administración García Padilla, el senador Ángel Rosa insistió el viernes que para evitar el tráfico de influencias a nivel gubernamental la Cámara de Representantes debe darle paso de inmediato a su Proyecto del Senado 1220, aprobado en el Alto Cuerpo, la ‘Ley de Gobierno Honesto’.

Rosa concluyó advirtiendo que ‘mientras el cabildeo y tráfico de influencias siga por la libre en el gobierno, situaciones como las cotaciones de hoy al Gran Jurado federal seguirán ocurriendo cada vez más’.

Expresó que la legislación, propone regular el cabildeo ante la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva del gobierno. El legislador enfatizó que es necesario como herramienta de buen gobierno establecer reglas, limitaciones y penalidades, pues el cabildeo sin regulación se convierte en una invitación a la corrupción.

‘Tanto la Cámara de Representantes y el Senado tienen registros de cabilderos como parte de su reglamentación ética. Sin embargo, el requisito de inscribirse en dichos registros no tiene peso de ley, ni tiene consecuencias por no registrase. No se conoce de ningún cabildero que haya sido penalizado por no estar inscrito. Esto crea un zona gris en que personas se combina la función de contratista y cabildero, con resultados nocivos para la gestión pública’, dijo Rosa en un parte de prensa.

Rosa añadió que su proyecto también atiende la ‘puerta giratoria’ que se crea cuando legisladores retirados o derrotados salen inmediatamente a trabajar como cabilderos. Esta práctica, prohibida por el Congreso de los Estados Unidos, se atiende en el proyecto, mediante la creación de un período de enfriamiento de un año en que los exfuncionarios no podrán dedicarse al cabildeo. Explicó que su proyecto está moldeado en el Lobbying Disclosure Act de 1995, mediante el cual se reglamentó el cabildeo en el Congreso y el gobierno federal.

‘La medida prohíbe que un cabildero ejerza su función ante una agencia gubernamental o cuerpo legislativo en la cual tenga contratos, so pena de perder los mismos. Además, se establece como delito hacer regalos impropios a legisladores. También, los cabilderos tendrían que informar quiénes son sus clientes y empleados. Para lograr el cumplimiento, se imponen penalidades civiles y criminales de hasta cinco años de cárcel ó 100 mil dólares de multa’, dijo el también Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado.

La legislación se aprobó en el Senado en junio pasado con el voto en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Sin embargo, no ha sido atendido por la Cámara de Representantes y parece estar abocado al sueño eterno en dicho cuerpo.

El senador popular hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que se apruebe su medida como un paso inicial de transparencia gubernamental.