La agencia Fitch señaló hoy que la nueva Ley de Sociedades de Inversión de Puerto Rico refuerza la supervisión regulatoria de los $11,000 millones en fondos de la isla y, por lo tanto, mejora ‘modestamente’ la calificación que le merecen los fondos cerrados (CEF) a corto y medio plazo.

‘La ley moderniza las normas, permite una mayor diversificación fuera de Puerto Rico, establece límites formales para el apalancamiento de los fondos y crea un nuevo tipo de estructura con ventajas fiscales’, explicó la agencia de calificación en un comunicado.

Además, obliga a que ‘todas las providencias del Comisionado de Instituciones Financieras se hagan públicas en el futuro’, destacó Fitch.

Los fondos existentes son en su mayor parte derechos adquiridos bajo la antigua Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico, que data de 1954.

Los cambios introducidos con la nueva ley ‘alinean más las empresas de inversión locales con las protecciones que ya existen para los fondos de inversión de EE.UU.’, según Fitch.

Sin embargo, la agencia de calificación advierte que se necesita la aprobación de los accionistas de los fondos para adaptar los ya existentes a la nueva ley, algo que ‘puede resultar difícil’.

Bajo la antigua ley, las sociedades de inversión en Puerto Rico invierten principalmente en deuda municipal emitida por el Gobierno de la isla, de acuerdo con el requisito de inversión mínima del 67%.

En cambio, la nueva ley reduce el requisito de inversión Puerto Rico al 20% para las sociedades de inversión en Puerto Rico que invierten en deuda municipal y elimina por completo la exigencia a las sociedades de inversión en Puerto Rico que no invierten en deuda municipal.

Para la agencia acreditadora, ello ‘debería conducir a una mayor diversificación de los fondos cerrados, que son los creados por una empresa de inversión, que emite un número fijo de acciones que cotizan en bolsa y compra otros valores con lo recaudado, normalmente relacionados con un sector en concreto.

Hasta la fecha, las calificaciones de Fitch de la deuda emitida por fondos cerrados de Puerto Rico se han visto limitadas ‘en parte por el riesgo al que están expuestos’, según la propia agencia.

‘Las modificaciones tienen por objeto mejorar la confianza de los minoristas en los nuevos fondos de inversión en Puerto Rico, y al mismo tiempo permiten que los administradores de fondos inviertan en acciones locales de empresas locales’, explicó.

Sin embargo, advirtió de que ‘una de las consecuencias negativas’ de la nueva ley podría ser la venta de bonos municipales por los fondos existentes que opten por convertirse al nuevo marco legal.

‘Esto podría poner más presión sobre las entidades puertorriqueñas que se encuentran bajo la presión del crédito y que buscan refinanciar las obligaciones que vencen’, alertó.