La Coalición Sindical exigió el jueves al gobernador Alejandro García Padilla que desista inmediatamente de la idea de proponer una reducción de jornada laboral, despidos o cambios a la legislación laboral ante la Junta de Control Fiscal y advirtió que habrá una respuesta contundente del sector trabajador porque el resultado de esa acción será agravar la maltrecha economía.

La Coalición Sindical expresó que ese tipo de medidas que se ha ventilado en la prensa que van a presentarse el viernes, en la reunión con la Junta, constituyen un ‘acto bochornoso e inaceptable de parte del primer ejecutivo. Ello si se toma en cuenta que existe una gran cantidad de gastos superfluos en el presupuesto, que se pierde mucho dinero como producto de la corrupción y que el sector corporativo no aporta suficiente a la economía y los propios informes de consultores externos del gobierno recomienda que deben revisarse esos decretos contributivos’.

‘Para nosotros es inaceptable que el gobernador se proponga decirle mañana a la Junta de Control Fiscal que una de las alternativas para pagarles a los bonistas es reducir la jornada laboral. Esa es una total contradicción con la política pública. Si verdaderamente él entiende que reducir la jornada es un factor negativo por qué insiste en presentarlo entre la recomendaciones. Su planteamiento debe ser un rechazo total a esta acción’, manifestó en declaraciones escritas Genoveva Valentín, de Servidores Públicos Unidos (SPU).

‘Los ahorros que buscan en el presupuesto para pagarle a los bonistas pueden encontrarlos en las partidas destinadas a los partidos políticos, en los contratos de gastos alegres y mediante un cobro eficiente de las altas contribuciones que le exigen a la clase trabajadora de este país’, resaltó Valentín.

Federico Torres Montalvo, secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), declaró que aunque la Coalición Sindical no reconoce a la Junta de Control Fiscal, dado que el gobernador es miembro de esa entidad, urge recordarle al gobernador que su responsabilidad principal está con los intereses del pueblo puertorriqueño y sus trabajadores.

‘A quien primero debe presentar ese plan fiscal no es a la Junta, es al pueblo puertorriqueño. La Coalición Sindical exige que, de manera inmediata, García Padilla haga públicos todos los documentos y las gestiones que el gobierno lleva a cabo con la Junta’, puntualizó Torres Montalvo.

Resaltó que impropio que el primer ejecutivo tome acciones sin antes consultar con los sectores afectados.

Por su parte, Pedro Irene Maymí, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Unión Independiente Auténtica (UIA), señaló los estudios económicos que el gobierno ha encomendado, reflejan que cada acción contra un empleado público se triplica en la economía y los empleos del sector privado. Añadió que es falsa la premisa de un supuesto gigantismo gubernamental dado la cantidad de leyes, despidos, ventanas de retiro y la migración y que lo verdaderamente concreto es que la reducción de trabajadores ha deteriorado la calidad de los servicios.

‘Si el propio gobierno reconoce que se agravará la economía es insólito que presente esas acciones como una recomendación. Su deber no es ser cómplice de la Junta, sino defender al pueblo puertorriqueño de una entidad que fue nombrada con la intención de pagar a los bonistas y no para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo’, dijo Irene Maymí.

Señaló que la Coalición continuará vigilante ante las acciones del gobierno y de la Junta y prestará especial atención a las medidas que atenten contra la Universidad de Puerto Rico y sus trabajadores.

La Coalición Sindical de Puerto Rico está compuesta por la Federación Central de Trabajadores, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y sus uniones afiliadas.