La solicitud del Grupo de Fondos Mutuos para levantar la paralización de litigios contra COFINA para dar paso a una certificación de la estructura de esa entidad estatal ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) fue denegada por la jueza Laura Taylor Swain.

Swain llegó a esa conclusión al determinar que no se presentaron argumentos que justifiquen la acción y argumentó que llevar la interrogante sobre la validez de la estructura de la COFINA sería una complicada para el TSPR por tratarse de un asunto con elementos legales federales y estatales.

La disputa remonta al pleito incoado el año pasado por bonistas de Obligaciones Generales contra el gobierno de Puerto Rico (conocido como el caso Lex Claims) a los efectos de exigir desviar los ingresos que recibe COFINA por concepto del IVU para pagar deuda protegida por la constitución, es decir las Obligaciones Generales.

El juez a cargo del caso, Francisco Besosa, no aprobó una solicitud de la Junta de Control Fiscal para imponer la paralización de litigios a ese caso, pero a principios de mayo el Circuito Apelativo en Boston revirtió la decisión de Besosa y activó el stay para el caso.

El representante legal del Grupo de Fondos Mutuos argumentó que la resolución del caso por el TSPR proveería herramientas más fuertes al equipo de mediadores para finiquitar otras disputas. No obstante, advirtió que un fallo que invalide la estructura de COFINA podría tener un impacto devastador en la habilidad de Puerto Rico de emitir bonos.

Por su parte el abogado de los bonistas senior de COFINA, Susheel Kirpilani, arguyó que el caso Lex Claims es un vehiculo inapropiado para resolver la controversia sobre la validez de COFINA, mientras el representante de la aseguradora Ambac, Dennis Dunn, indicó que necesitan un ambiente de compromiso por las partes.

Del mismo modo,Dunn resaltó que el asunto no se puede resolver sin antes aclarar lo dispuesto en el plan fiscal del gobierno en relación a la verdadera cantidad de liquidez que cuenta el estado para pagar sus deudas.