Luego de una investigación de la fiscal especial independiente Iris Melendez Vega y el fiscal designado Guillermo Garau Díaz, el juez Rafael Taboas Dávila encontró causa contra los exfuncionarios de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) bajo la Administración Fortuño, Elaine Porrata Toro y Esteban Perez Ubieta.

Pérez Ubieta, exadministrador de ADSEF, y Porrata Toro, exadministradora de Operaciones de la misma agencia, enfrentan 10 y 20 cargos graves, respectivamente.

En el caso de Pérez Ubieta, el detalle de los cargos es: uno por el artículo 210 b de fraude; dos por el artículo 257 por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; cuatro por el artículo 223 por archivo de documentos falsos; dos por el artículo 219 de falsedad ideológica y uno por el artículo 218 de falsificación de documentos.

PorrataToro enfrenta un cargo por el artículo 210 de fraude; dos por el artículo 257 de intervención indebida en operaciones gubernamentales; cuatro por el artículo 219 de falsedad ideológica; ocho por el artículo 223 de archivo de documentos falsos; cuatro por el artículo 261 de certificaciones falsas y un artículo por la Ley 37 del 8 de enero de 2004, por obstaculizar investigaciones de la Oficina del Contralor.

Contra Pérez Ubieta se impusieron mil dólares por cada cargo para una fianza global de $10,000, que fue prestada. En el caso de Porrata Toro, solo se le impuso fianza de $1,000, tomando en cuenta su condición como paciente renal. La vista preliminar fue pautada para el viernes, 12 de mayo, en la sala 606 del Cento Judicial de San Juan.

La vista para causa se llevó a cabo el pasado viernes, 5 de mayo.

Para septiembre de 2016, Justicia sometió 48 denuncias contra ambos por presuntamente falsificar en 2010 documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que administra ADSEF. Los acusados recurrieron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para demandar a la agencia que intentó presentar cargos criminales en su contra sin dar espacio primero a los fiscales independientes a investigar sus acciones como exfuncionarios. El Apelativo terminó anulando los cargos, y reasignó la investigación a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

A nivel federal, Porrata Toro, fue acusada por extorsión. Cuando se presentaron las mociones de defensa y fiscalía federal, la exfuncionaria se declararía culpable de un cargo de fraude con transferencias electrónicas y la fiscalía no se opondría a una sentencia inmediata de probatoria. Aunque no se ofreció la razón oficial para el acuerdo, la moción del abogado de Porrata apunta a que la resolución vino por un deterioro notable en la salud de la acusada, quien está obligada a someterse a diálisis tres veces a la semana.

El pliego acusatorio federal apuntó que Porrata inventó y ejecutó un esquema para enriquecerse personalmente cuando coordinó los esfuerzos para que dos empresarios particulares recibieran contratos de ADSEF para el almacenamiento de comida en Caguas. Los empresarios mencionados en la acusación son Ramón Díaz Delgado y Ángel Avilés Rosario, y las compañías involucradas son Warehouse Operation Management, High Quality Multi Services y otras no mencionadas. Porrata ayudó a formar las compañías, intervino en la contratación de personal dentro de las mismas, ayudó a redactar las propuestas y luego provocó dentro de la agencia que se extendieran los contratos a sus contactos.