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Sindicatos complacidos, pero no olvidan

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La Unión General de Trabajadores (UGT) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) se mostraron complacidos con la firma de la ley que restituye derechos a los trabajadores del sector público mediante la Ley 45, pero advirtieron que seguirán pidiendo la restitucion de los trabajadores cesanteados mediante la Ley 7.

El presidente de la UGT, Manuel Perfecto Torres, y del SPT, Roberto Pagán, manifestaron que no olvidan ni condonan la implantación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, mediante la cual se despidieron miles de empleados gubernamentales.

‘Con la firma hoy de la Ley 2017, por parte del gobernador Fortuño, se comienzan a restituir derechos que ya figuraban en los convenios colectivos como los mecanismos de querellas, arbitraje, reconocimiento de los delegados, licencias sindicales y otras cláusulas no económicas que benefician y protegen a los trabajadores. Eso es positivo y lo celebramos’, afirmó Perfecto Torres en un comunicado.

Pagán, por su parte, expresó que no han olvidado ‘a los miles de compañeros y compañeras que fueron despedidos y seguiremos exigiendo su restitución desde la calle y en la mesa de negociación’.

Los líderes sindicales calificaron la recién firmada ley como ‘un paso de avanzada’ en la defensa de los derechos de los empleados públicos, y aclararon que se sienten ‘complacidos pero no abrazados’ a quienes legislaron la Ley 7.

La UGT y el SPT están afiliados al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y entre ambas representan unos 30,000 trabajadores del sector público.

El Gobernador firmó ayer una ley que permite la extensión por dos años adicionales, a partir del 9 de marzo de 2011, de las cláusulas no económicas de los convenios colectivos expirados.

La ley permite, además, vuelve a darle vigencia a los acuerdos convenidos con los empleados públicos en cuanto a sus condiciones de trabajo, las negociaciones congeladas y cartas circulares.

Las cláusulas económicas, que no están contempladas en esta extensión, deberán negociarse con la participación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ‘para garantizar que los procesos se lleven a cabo de forma responsable en términos fiscales’, indicó Fortuño.

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