Gastos de equipo, aumento en sueldo a empleados e incluso bonos de reclutamiento no han sido suficientes para rescatar a cientos de restaurantes de la posibilidad de cierre.

La industria de los restaurantes, preparada históricamente para muchas eventualidades, no lo estaba para recibir la mayor sorpresa reciente, una pandemia global provocada por un virus: el covid-19.

Desde que en marzo del año pasado se declaró la emergencia por los casos positivos, se emitieron más de una decena de órdenes ejecutivas restringiendo las operaciones de los restaurantes, limitando su capacidad, exigiendo medidas cautelares, restringiendo horarios de operación, cerrando las barras e imponiendo toques de queda.

Los cierres decretados, mataron, literalmente, a un cuarto de los restaurantes existentes en la isla, y con ello, gran parte de la economía.

Muchos lucharon con su reinvención, sirviendo comida siguiendo las normas del Departamento de Salud, dándole paso a la modalidad para llevar –to go-, o sumándose a plataformas de entrega de alimentos que, aunque populares previo a la pandemia, adquirieron mayor importancia y auge tras ser declarada la emergencia.

Los restaurantes conocieron por primera vez las mascarillas, los face shields, las estaciones de desinfectantes, los sanitizers, los termómetros, e incluso rótulos para establecer los nunca pensados seis pies de distanciamiento requerido.

De repente, los restaurantes tuvieron que gastar miles de dólares en equipo, vieron su consumo estrepitosamente reducido y se dieron meses más tarde con un golpe de realidad: el salario mínimo ya no era atractivo en un nuevo mundo, el del encierro prolongado, el de ayudas económicas pandémicas más atractivas que el salario mínimo federal, y el de un gobierno extremadamente fragmentado, que creía imponer un nuevo salario mínimo- que no se concretó en la sesión ordinaria a pesar de las promesas y reclamos- y de un esfuerzo ejecutivo por llegar al famoso punto medio entre los $15 por hora del presidente Joe Biden y el verdadero estándar para pagar en la isla que no parece acercarse a la realidad económica.

En entrevista con NotiCel, el presidente electo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Mateo Cidre, reclamó que el gobierno invierta en ellos parte de los $35 millones de dólares que tienen en fondos provenientes del CARES ACT.

“Estamos haciendo un llamado al señor gobernador para invertir este dinero disponible, que no se ha hecho nada con él, en la industria de restaurantes, ya que se ha invertido un gran costo en todos los restaurantes por los protocolos de Covid-19”, expuso Cidre.

Indicó que se hicieron unos estimados de cuánto ha gastado cada restaurante en equipo de seguridad de Covid-19, y el número alcanza miles de dólares.

“Lo que estamos pidiendo es que se le dé hasta dos mil dólares al dueño del negocio para poder recuperarse de este golpe económico”, reiteró Cidre.

Hace un mes y medio Cidre tuvo esta comunicación con el gobernador, en persona, y al momento no han obtenido respuesta de qué se va a hacer con dichos fondos.

“Le pedimos al señor gobernador que nos dé acceso a este dinero para poder continuar en la recuperación económica ante la mayor apertura”, manifestó el presidente de ASORE.

El jueves en la tarde el gobernador anunció el fin de las órdenes ejecutivas para prevenir el covid-19, lo que implica que desde el lunes 5 de julio los restaurantes operarán en su total capacidad.

Es una controversia desde hace meses que la industria de restaurantes ha sufrido escasez de mano de obra. Una y otra vez, públicamente, los portavoces de la industria han establecido que los trabajadores no acuden a sus llamados de empleo.

Esta semana, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio promovió una feria de reclutamiento en la industria de restaurantes. Habiendo 4,000 plazas disponibles, un poco más de 400 personas acudieron al llamado. Menos de un centenar fueron reclutados y está por verse cuántos se presentan a trabajar.

Entre las ayudas pandémicas y la discusión del salario mínimo que se quedó pendiente de aprobación en la pasada sesión legislativa, ni la industria ni el gobierno han encontrado un punto medio para hacer funcionar adecuadamente el otrora sector productivo de la economía.