Hay temor en sectores de Estados Unidos de que los datos introducidos en las aplicaciones con calendarios del ciclo menstrual sirvan para señalar públicamente a mujeres que busquen interrumpir su embarazo.

WASINGTON – Desde la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos, las mujeres siguen siendo uno de los principales blancos de los conservadores estadounidenses. Esta vez, están viendo la privacidad de sus datos menstruales amenazada, un derecho que ni siquiera está recogido por ley.

Los casos recientes en Virginia y en Florida han sido los últimos intentos de socavar la intimidad de ellas, en medio de los esfuerzos republicanos de minarla aún más y de desmantelar los programas de planificación familiar.

La revocación en junio por parte del Tribunal Supremo de la sentencia «Roe contra Wade», que legalizó el aborto a nivel federal hace medio siglo, despertó los temores de que los datos introducidos en las aplicaciones para móvil con calendarios del ciclo menstrual sirvieran para señalar públicamente a mujeres que buscaran interrumpir su embarazo.

Ocho meses después, la privacidad menstrual está en el punto de mira de los conservadores. El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, bloqueó este mismo febrero un proyecto de ley que habría impedido a la policía consultar los datos de estas aplicaciones pensadas para que las mujeres puedan llevar un control de su período.

Tarina Keen, directora ejecutiva de la ONG REPRO Rising Virginia, cree que la decisión de Youngkin manda el «mensaje escalofriante y distópico» de que la información más íntima está «en manos del mejor postor» o de que en el peor de los casos la persona puede ser perseguida por esos datos.

«No es asunto de nadie, especialmente no de los políticos. Esto no debería ser objeto de debate», defiende Keen, quien opina que medidas como la de Virginia buscan «criminalizar aún más a las personas que pueden quedarse embarazadas».

La protección de datos debería prevalecer incluso sin tener en cuenta el aborto. Así lo reivindica Alexandra Givens, presidenta del Centro para la Democracia y Tecnología.

«Solo porque usas tu teléfono en vez de un cuaderno no significa que esa información deba estar a libre disposición», apunta Givens, quien a su vez recuerda que a día de hoy «las empresas no tienen ninguna obligación de mantener esos datos en privado».

Virginia no es el único estado en el que peligra el derecho a esta privacidad. En Florida, las autoridades educativas hace poco planteaban a sus estudiantes atletas preguntas como «¿qué edad tenías cuando tuviste tu primera menstruación o cuándo tuviste la última?».

Jenn Poggie es madre de una adolescente de 16 años que juega al fútbol en el grupo de Escuelas de la Universidad Estatal de Florida. En febrero, creó una la campaña «Privacy. Period!» para defender la privacidad de las adolescentes ante la posibilidad de obligarles a facilitar información sobre sus ciclos menstruales.

La junta directiva de la Asociación de Atletismo de Secundaria de Florida tenía la intención de hacer que las atletas rellenaran un formulario respondiendo si habían tenido un periodo menstrual y, en caso afirmativo, qué edad tenían cuando lo experimentaron por primera vez, cuándo fue el más reciente y cuántos tuvieron en el último año.

«Los ciclos menstruales de las adolescentes son privados y cualquier conversación al respecto debe hacerse entre la chica, los padres y sus médicos», reivindica Poggie, cuya campaña alcanzó cerca de 800 firmas que sirvieron para hacer que la junta desestimase este cambio «invasivo» en su política.

Estos ataques a la privacidad menstrual también son vistos como esfuerzos añadidos de exclusión a las personas transgénero, especialmente vulnerables a políticas como las del caso de Florida.

Florida cuenta con una ley de 2021 -ahora reabierta por un juez federal- que prohíbe a las alumnas transexuales jugar en equipos deportivos femeninos.

El intento de socavar la privacidad menstrual de las adolescentes atletas solo presiona aún más a las estudiantes transgénero para que practiquen deporte con otros alumnos del mismo colectivo, en vez de hacerlo con sus amigos, señala Maxx Fenning, presidente de PRISM, organización dedicada a la educación inclusiva LGTB para los jóvenes del sur de Florida.

Fenning augura que lo que ocurre en el tercer estado más grande del país se extenderá a todo Estados Unidos: «Somos un catalizador y punto de partida.»

El derecho a la privacidad menstrual, según Givens, solo será posible con una ley que blinde «toda la información médica» y, a su juicio, una legislación particular sobre la privacidad reproductiva «es muy poco probable» que suceda.

Por su parte, Keen piensa que «hasta que no existan protecciones federales para la autonomía corporal y la libertad reproductiva», las gestantes seguirán siendo «ciudadanas de segunda».