Tras reciente caso.

Luego de que autoridades federales dieran a conocer el caso de una inmigrante dominicana de 63 años de edad a quien un hombre de Añasco mantuvo en cautiverio luego que ingresara ilegalmente por la costa de Rincón, la violara en al menos dos ocasiones y solicitara $400 a cambio de liberarla, la presidenta de la Comisión de Derechos del Inmigrante del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), licenciada Julie Cruz Santana, recordó que la víctima ‘tiene derechos, independiente de su estatus migratorio’, como la Visa U, que puede solicitar al Servicio federal de Inmigración.

El estatus no inmigrante U (visa U), creada por el Congreso de Estados Unidos en el 2000 mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia -incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas-, está reservado para víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público en la investigación o prosecución de estos delitos.

Entre las actividades criminales reconocidas por esta visa especial se encuentran: acecho, agresión sexual, chantaje, asesinato, explotación sexual, extorsión, tortura, servidumbre involuntaria, trabajo forzado, rapto, violación, prostitución, y restricción ilegal, entre otros.

‘Esta visa es el arma o herramienta de los fiscales, o de todo el que pueda investigar un delito para garantizar el testimonio del afectado’, apuntó Cruz Santana. No obstante, la abogada especializada en inmigración detalló que solo se otorgan 10 mil de este tipo de visas por año a nivel de todo EE.UU. luego que el Departamento de Justicia federal, bajo el liderato de Jeff Sessions, justificara que con lo que se demoraba la aprobación de estas visas no se podía garantizar que las víctimas inmigrantes permanecieran indefinidamente en el país para encausar algún crimen.

Cruz Santana detalló que si le aprobaran la visa U a la víctima de Sánchez Morales, esta pudiera permanecer en Puerto Rico hasta cuatro años, pedir permiso de empleo y al año de aprobada, solicitar la residencia. Asimismo, destacó que a nivel local le asiste la ‘Carta derechos de víctimas y testigos de la Rama Judicial de Puerto Rico’, que garantiza los derechos de privacidad y trato digno ante funcionarios.

De otro lado, la jefa de Fiscalía estatal, Olga Castellón Miranda, reconoció que ‘las autoridades federales tienen jurisdicción primaria por la naturaleza del delito y por los acuerdos de asistencia mutua. No obstante, el Departamento de Justicia de Puerto Rico se mantiene pendiente del desarrollo del caso. De no existir impedimento y si es en el mejor interes de la justicia, se podrían radicar cargos a nivel estatal, siempre y cuando se cumplan con los criterios establecidos en el caso Sánchez Valle’. El caso resguarda los derechos de los acusados a no enfrentarse a dos maquinarias legales por el mismo delito.

Sánchez Morales exigió a la víctima que llamara a amistades para que le pagaran dinero por liberarla y no matarla, quienes entregaron $400 para luego llevarla al hospital HIMA San Pablo en Bayamón. Finalmente, personal medico alertó al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles) sobre el caso.

El hombre, quien fue ingresado al Centro de Detención Metropolitana en Guaynabo, puede enfrentar cadena perpetua por secuestro, pena de hasta 20 años de cárcel por albergar a un inmigrante indocumentado, y hasta cinco años por extorsión.

Si usted o algún inmigrante necesita ayuda, puede comunicarse con los siguientes:

Programa Desarrollo Integral de la Mujer del Municipio de San Juan o la

Oficina de Ayuda al Inmigrante del Municipio de San Juan

787-725-4992
Aduanas e Inmigración federal (ICE por sus siglas en ingles)

787-729-6969

Centro para la Mujer Dominicana

787-772-9251