El estatuto firmado el 10 de enero básicamente impide que el Negociado de Energía haga cambios tarifarios que aplican a los programas de medición neta. La legislación se impulsó para combatir el supuesto impuesto al sol.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha exigido al gobierno no hacer valer una ley firmada en enero que impide al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) realizar cambios a las políticas de medición neta y de distribución de energía hasta por lo menos el 2031.

En una carta de firmada por el principal asesor legal de la JSF, Jaime El Koury y dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de AAFAF, el letrado indica que la Ley 10-2024, firmada el 10 de enero, choca de frente con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debido al efecto que tiene sobre las operaciones del NEPR.

Además de prohibirle al gobierno hacer valer la nueva ley, El Koury solicita a Marrero que le indique en o antes del 15 de abril si el gobernador tiene intenciones de que se ponga en efecto la legislación que firmó. Igualmente, le da hasta el 19 de abril para que entregue cierta información sobre la implementación de la ley.

“El plan fiscal de la AEE le requiere al NEPR determinar si realiza cambios al sistema de medición neta e iniciar esos cambios para el 11 de abril del 2024. La Ley 10 pospone esa fecha por al menos seis años y modificaciones de precios de los actuales y nuevos programas de medición neta por 20 años… como está, la ley contraviene el plan fiscal de la AEE”, indicó.

En declaraciones escritas Sheila Angleró, portavoz de prensa en La Fortaleza, indicó que el gobierno tiene un “firme compromiso con la transformación del sistema energético de Puerto Rico, incluyendo la transición a renovables”. Agregó que se está evaluando la carta con el equipo fiscal para determinar el próximo paso.

Los programas de medición neta permiten que los dueños de placas solares puedan exportar la energía que producen en exceso a la AEE a cambio de un crédito. La Ley 10-2024 emana del Proyecto del Senado 1064, firmado por los populares Juan Zaragoza, Gretchen Hau, Javier Aponte, Migdalia González, Rubén Soto. Además, el penepé William Villafañe y Joan Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

La Exposición de Motivos del proyecto anticipa que reducir el crédito que reciben los llamados prosumidores “se puede interpretar como otro esfuerzo para imponer un “impuesto al sol”, lo cual ha sido y debe ser rechazado contundentemente”, lee la medida.

“Este tipo de imposición abonaría al deterioro del atropellado mercado que intenta crecer y retrasaría la recuperación económica del país”, continúa la legislación. “Cualquier esfuerzo para debilitar el programa de medición neta sería contraproducente para el país”.

La JSF indicó que, bajo el escenario actual de medición neta, los participantes reciben un crédito de una hora por cada kilovatio que exportan a la AEE. No obstante, recalca dos asuntos: que en algunos casos la factura de la luz de los prosumidores “puede ser reducida materialmente” por los sistemas de energía renovable, a pesar de que estos clientes se mantienen interconectados al sistema para continuar dependiendo de este durante las noches. Además, el ente fiscal señala que los costos fijos de mantener el sistema eléctrico, como las líneas de transmisión están incorporados en las tarifas de la AEE.

“Por lo tanto, los costos operacionales y de mantenimiento de la AEE dependen desproporcionalmente de consumidores que no quieren o no pueden participar del actual programa de medición neta”, indicó el organismo que controla las finanzas y la política pública en el país.

La JSF también entiende que la ley firmada por el gobernador Pedro Pierluisi impide el requisito del plan fiscal de que el NEPR opere de manera independiente.

En la misiva se recuerda que los sistemas de medición neta promueven que individuos inviertan en energía verde y tienen que ser supervisados por un regulador libre de influencias políticas. Supuestamente la nueva ley “interfiere en la independencia del NEPR en esta área importante”.

Según El Koury, la nueva ley, aprobada sin vistas públicas y sin un estudio que la respalde, impide que el NEPR realice cambios al programa de medición neta y ordena al NEPR a realizar nuevamente un estudio que por ley tenía que preparar. Agregó que “este tipo de interferencia” en los asuntos de la AEE “es una de las causas de raíz de los retos que enfrenta actualmente”.

“La Ley 10 mandata que la estructura actual de medición neta se mantendrá en su lugar hasta por lo menos el 2031 y muy probablemente más allá de eso. Además, la ley dispone que cualquier consumidor con un contrato de medición neta o que tenga un generador de distribución instalado y certificado por un profesional licenciado al momento en que el NEPR anuncie su determinación final cambiando la estructura de medición neta (que, como se indicó, no puede ser hasta el 2031), tendrá el derecho de retener los términos de medición neta acordados antes del cambio por al menos 20 años”, dijo.