A pesar que el fantasma de la consolidación continúa sobrevolando a los 78 municipios que conforman el mapa político de Puerto Rico, en su estudio más reciente, la Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), no recomienda esta estrategia.

La óptica operacional y financiera a la realidad de los municipios ha cobrado relevancia ante la llegada de la Junta de Control Fiscal y el mandato que tienen por ley federal de lograr eficiencias económicas en la operación gubernamental de la Isla.

El estudio, presentado el miércoles por la Fundación del CCPApara evaluar la estructura municipal de Puerto Rico y que fuera realizado por la empresa Estudios Técnicos Inc., apunta a que la coordinación de servicios y la cooperación operacional entre municipios puede ser económicamente más efectivo que las muchas veces enarbolada ‘consolidación’ o desaparición de ayuntamientos.

Según el análisis, la consolidación de unos 58 municipios como propuso el proyecto cameral 2948, sólo generaría $87 millones en ahorros anuales, mientras que las medidas para lograr más cooperación y eficiencia entre municipios podría generar $142 millones de ahorros en un escenario conservador y hasta $474 millones de ahorros anules en escenarios más agresivos.

Lo que pasa, expone el estudio, es que la consolidación que se plante ahora se está trayendo sin los instrumentos apropiados para probar resultados, como serían un sistema de métrica de desempeño, apoyo técnico, mecanismos de supervisión ni promoción de transparencia y de participación ciudadana.

Los datos son como para tomar pausa y examinar el problema con urgencia y profundidad:

40 municipios dependen del Fondo General en más del 40% de sus ingresos operacionales

36 municipios operan con déficit anual

43 municipios cargan déficits acumulados

24 municipios gastan más del 15% de su ingreso en pago de deuda

Los 10 municipios con menor ingreso per cápita cuentan con menos de $573 por persona para atender las necesidades de sus residentes

Cumulativamente, los municipios se tragan casi $4,000 millones anuales del Fondo General (los ingresos propios del Gobierno son unos $9,000 millones)

Las oficinas de los alcaldes y Legislaturas Municipales cuestan unos $1.57 millones cada una

Entre las principales recomendaciones que hace el documento, se destaca el fortalecer la estructura municipal, mejorar la planificación y difusión de información, mejorar el sistema de medición de los gobiernos locales, analizar la creación obligatoria de consorcios para municipios vulnerables, crear un mecanismo con facultades de supervisión y control fiscal, y perfeccionar el marco institucional.

El estudio arroja luz sobre las serias deficiencias que impiden el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Municipios Autónomos, que son otorgarle a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y gobierno propio para que puedan atender cabalmente sus responsabilidades con sus ciudadanos, promover la participación de estos y brindarle a los municipios poderes y facultades necesarias para que asuman una función central en el desarrollo socioeconómico.

De los resultados de la investigación surge que para que la municipalización en Puerto Rico pueda alcanzar un desarrollo que cumpla con estos objetivos, se tienen que atender las deficiencias en el cumplimiento con los principios rectores de la descentralización, la participación ciudadana, la capacidad financiera, la naturaleza simétrica de la delegación de poderes, la falta de gradualidad en el proceso descentralizador, la carencia de métricas de evaluación, la insuficiencia y disparidad fiscal, los altos niveles de dependencia y las deficiencias en el marco institucional, entre otras.

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