La jueza Leslie Hernández Crespo determinó el viernes, no causa en todos los cargos que pesaban contra el empleado municipal Rafael Álamo Sierra, acusado de supuesto fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo.

Según reseña un comunicado de prensa, en la Vista Preliminar en alzada, no se encontró causa por los delitos de: falsedad ideológica, perjurio, apropiación ilegal de identidad y archivo de documentos falsos.

La defensa, representada por los licenciados Ana Quintero y Eduardo Otero, enfatizó su planteamiento de que la Rama Judicial no está aplicando la Ley Electoral de forma correcta en estos casos, pues la información de los acusados solo puede ser solicitada para fines estrictamente electorales, según dispone el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI (Ley Núm. 78 del 1 de junio de 2011, según enmendada), que expresa que las fotografías e información de un elector que obra en el registro general de electores no puede ser utilizada en casos que no sean por delito electoral o asunto electoral.

De igual forma, argumentaron que la investigación hecha por los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), fue una ‘pobre’, pues las fotos presentadas como evidencia, no demostraban que fueron tomadas en la dirección del acusado. Al igual que hubo incongruencias en los testimonios de los testigos de fiscalía que representaban a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El Ministerio Público, fue representado por los fiscales Rosaura González, María Rossy y Edwin Ortíz III.

Los testigos de la Fiscalía fueron: el Secretario de CEE, Walter Vélez; la oficial de inscripción de la Junta de Inscripción Permanente, Diana Rodríguez; el Administrador de Base de Datos de la CEE, Misael Méndez, y el agente investigador del NIE, César Nieves.