Tras señalar deficiencias en ese Consejo

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal (DSSH) determinó cortar e imponer terminos y condiciones especiales a fondos federales otorgados al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) para brindar servicios a la población con deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico.

El CEDD es una entidad exigidad por el Gobierno Federal a traves de la Ley Pública 106-402 del 2000 conocida como el ‘Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act’ y está compuesto un 60% por personas con deficiencias en el desarrollo o sus representantes y un 40% por agencias gubernamentales. Los fondos que reciben por parte del DSSH se utilizan para proyectos especiales a favor de este grupo poblacional y para organizaciones sin fines de lucro.

Según explicó el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, ‘entre las condiciones especiales impuestas al Consejo, el DSSH emitió un cese y desista de forma inmediata de todas las actividades incluidas en el Plan Estatal –que dispone dicha ley federal– inclusive aquellas que involucran contratos para financiar entidades externas en beneficio de la comunidad de personas con deficiencias en el desarrollo en la isla’.

La decisión del DSSH se fundamentó en el resultado de una visita de monitoreo al Consejo, y en su historial de continuos problemas de cumplimiento en las áreas de operaciones fiscales y programáticas.

Tras la determinación, la AAFAF anunció la determinación de destituir de inmediato al liderato del Consejo, el cual se le había notificado anteriormente de las múltiples deficiencias e irregularidades pero nunca las atendieron adecuadamente.

Por otra parte, según se dio a conocer el pasado 30 de mayo de 2019, la AAFAF decretó una sindicatura para el Consejo. Actualmente, la AAFAF se encuentra en el proceso de recopilar información y auditar las operaciones de la referida entidad con el objetivo de desarrollar un plan de acción correctivo que permita que la ACL elimine con prontitud los terminos y condiciones impuestos y a su vez se recuperen los fondos y, por ende, se reactiven los programas suspendidos.