Halliburton, contratista del pozo operado por BP que causó el vertido de crudo de 2010 en el Golfo de Mexico, ha accedido a declararse culpable de destruir pruebas relacionadas con el suceso, informó hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La compañía pagará una multa de 200.000 dólares y estará sujeta a supervisión durante tres años, en virtud de un acuerdo de aceptación de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia.

Las autoridades estadounidenses acusaron hoy a Halliburton de un cargo de destrucción de pruebas en un tribunal federal de Luisiana, del que la compañía ya ‘ha aceptado la responsabilidad criminal’ al cerrar el acuerdo con el Departamento de Justicia, señaló esa entidad en un comunicado.

La acusación tiene que ver con la investigación interna que Halliburton emprendió tras el desastre, y que desembocó en al menos dos resultados que fueron destruidos por la empresa, indicó el comunicado.

La compañía, que proveyó la cubierta de cemento que protegía el pozo que exploraba BP, destruyó en mayo y en junio de 2010 dos estudios que concluían que era indiferente para la seguridad del pozo usar 6 o 21 centralizadores, los artefactos de metal que sirven para fijar la cubierta.

Halliburton había recomendado usar 21 centralizadores a BP, pero la petrolera había usado sólo seis, afirmó el Departamento de Justicia.

Las autoridades no precisaron si consideran que las pruebas se destruyeron para tratar de generar una ventaja comparativa a favor de Halliburton en los juicios contra esa compañía, BP y su otro contratista, Transocean.

En un comunicado, Halliburton aseguró hoy que el Departamento de Justicia ‘se ha comprometido a no implicarse en más acusaciones criminales a la compañía’.

Halliburton, por su parte, se comprometió a ‘continuar con su cooperación en la investigación criminal del Gobierno’ de EE.UU, según el Departamento de Justicia.

Por separado, la compañía hizo una donación voluntaria de 55 millones de dólares a la Federación Nacional de la Vida Salvaje (NWF, por su sigla en inglés), que dirige un programa de restauración medioambiental en el Golfo.

Más de tres años después del vertido, el Departamento de Justicia continúa su investigación criminal sobre el accidente del 20 de abril de 2010, cuando la plataforma ‘Deepwater Horizon’ explotó y se hundió en las aguas del Golfo de México, causando la muerte a 11 personas.

No obstante, la Justicia estadounidense ya ha cerrado su batalla criminal en los tribunales contra BP, que el pasado enero se declaró culpable de 14 cargos penales, incluida la muerte de 11 de sus empleados, y accedió a pagar una compensación récord de 4.000 millones de dólares.

En cambio, sigue abierta la causa civil contra BP, Halliburton y Transocean, que comenzó en febrero en un tribunal federal de Luisiana y se encuentra ahora pausada hasta septiembre.

En esa causa, el Departamento de Justicia podría llegar a exigir hasta 17,000 millones de dólares en daños civiles a la petrolera, en caso de que se determine que fue ‘extremadamente incompetente’ en su gestión del pozo.

Expertos y observadores consultados por el ‘New York Times’ señalaron hoy que el acuerdo anunciado por Halliburton perjudicará probablemente a esa compañía en el juicio civil y beneficiará a BP, que argumenta que compartió un cúmulo de errores con sus contratistas.