Tegucigalpa.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó hoy el asesinato de la comunicadora Luz Marina Paz, junto a un primo suyo identificado como Delmer Canales, y exigió al Gobierno que preside Porfirio Lobo que se esclarezca el crimen. Paz y su primo Delmer Canales murieron hoy en Tegucigalpa en el interior de un vehículo que en ese momento conducía el segundo.
El presidente del CPH, Juan Ramón Mairena, indicó que el asesinato de la periodista ‘no puede quedar en la impunidad’, como ha ocurrido con la muerte violenta de otros 16 colegas entre 2010 y lo que va de 2011.
Según informes policiales, en el lugar del crimen fueron hallados 47 casquillos de balas disparadas por los criminales, que al parecer eran dos hombres que se conducían en una motocicleta.
Diversos sectores han repudiado el hecho sangriento que se registró en el sector noroeste de la capital hondureña, donde Paz tenía un pequeño supermercado.
Según versiones extraoficiales, Paz habría sido amenazada por delincuentes que le exigían el pago de un ‘impuesto de guerra’ por el negocio que tenía, a lo que ella al parecer no accedió.
La comunicadora y su familiar fallecieron en el interior de un vehículo color rojo, cuya compra estaba negociando con un militar identificado como Marco Tulio Leiva, quien confirmó esto a periodistas en el sitio del asesinato.
Paz estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y durante varios años fue directora del programa ‘Tres en la noticia’, que durante una hora transmitía a través de Radio Globo.
Después pasó a la emisora Cadena Hondureña de Noticias (CHN), también de Tegucigalpa, según medios locales.
La muerte de Paz se produjo un día después de un atentado contra el diario La Tribuna, propiedad del expresidente hondureño Carlos Flores, en el que resultó herido de bala un guardia de seguridad de la empresa periodística, hecho que también fue condenado hoy por el CPH.
El atentado contra La Tribuna se registró dos semanas después de que el rotativo denunció que varios de sus periodistas estaban siendo amenazados de muerte a raíz de las informaciones publicadas por el asesinato de dos universitarios en Tegucigalpa, en octubre pasado, en el que están implicados siete policías y un suboficial.
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