Puerto Rico apura los preparativos de la consulta del próximo 11 de junio en la que se preguntará a la ciudadanía sobre la relación con Estados Unidos, plebiscito no vinculante al que EE.UU. presta escasa atención y con el que el actual Ejecutivo trata de modificar el particular estatus político del archipielago.

La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico confirmó hoy a Efe que están en marcha los preparativos para la consulta, la quinta vez que se preguntará sobre el asunto tras los plebiscitos de 1967, 1993, 1998 y 2012, todos no vinculantes como lo será el del 11 de junio.

Ricardo Rosselló, en el cargo desde enero, estampó su firma en el proyecto que dio paso a la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, uno de los puntos básicos de su programa electoral.

Rosselló es el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), una formación que se alinea ideológicamente a la derecha pero que tiene como razón de ser hacer realidad el sueño de unirse a la ‘nación americana’, como gusta decir a sus líderes, convirtiendo a la isla en el estado número 51 de Estados Unidos.

El objetivo de Rosselló es poner fin al estatus de Estado Libre Asociado que rige en la isla desde 1952, que permitió a la isla dotarse de su propia asamblea legislativa y constitución que le proveen cierto grado de autonomía, si bien áreas críticas como fronteras, relaciones internacionales o defensa permanecen en manos del Gobierno estadounidense.

La consulta, que no ha conseguido levantar entusiasmo en la calle, cuenta con el rechazo de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD) y el minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Los líderes del PPD subrayan que en un momento en el que las arcas públicas están vacías y cuando el gobierno trata de llegar a acuerdos con los acreedores de una multimillonaria deuda el gobernador Rosselló centra sus energías y fondos públicos en organizar una consulta que se calcula costará 5 millones de dólares.

La postura oficial del PPD es boicotear el plebiscito por no haber contado el Gobierno con la oposición para pactar la consulta ni las opciones que recoge.

El presidente del PIP, Rubén Berríos, dejó claro que su formación hará campaña para que la población no vote en la consulta por incluir entre la opciones el actual estatus.

Tanto el gobernante PNP, que busca la anexión plena a EE.UU., como el PIP, que pretende una ruptura total con la nación norteamericana, entienden que la isla es una colonia, palabra tabú para algunos lideres del opositor PPD que consideran el actual estatus como una relación entre iguales con EEUU.

El secretario de Relaciones con EE.UU. del PIP, Manuel Rodríguez Orellana, dijo a Efe que en Washington no hay intención alguna de integrar a un territorio de cultura latinoamericana como es Puerto Rico y que económicamente no aportaría nada al país norteamericano.

El camino para celebrar la consulta no ha sido fácil, ya que el Ejecutivo de Rosselló se vio obligado, a instancias del Departamento de Justicia federal, a incluir entre las opciones ‘el actual estatus territorial’.

El secretario del Departamento de Justicia federal, Jeff Sessions, exigió incluir esa opción, a lo que accedió el PNP no sin antes dejar claro que se trataba de una imposición.

La consulta incluye, finalmente, las opciones de Estadidad (como se denomina a la isla la anexión plena a EE.UU.), Libre Asociación/Independencia y Actual Estatus Territorial.

A pesar de incluir el gobierno de la isla en el texto de la ley que hace posible la consulta las modificaciones requeridas por Sessions, el Departamento de Justicia federal no ha contestado todavía a San Juan avalando las enmiendas introducidas.

La normativa establece un periodo para que Justicia federal responda que ha expirado, aunque como aseguró esta semana el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno, Ramón Rosario, esto no impedirá que se celebre el plebiscito, ya que el dinero de EEUU podrá recibirse con posterioridad.

El resultado de la consulta del 11 de julio, como las de 1967, 1993, 1998 y 2012, carece de compromiso alguno por parte del Congreso estadounidense, al que queda sometido Puerto Rico y su constitución.