El representante popular Charlie Hernández denunció nuevas presuntas irregularidades en el proceso de privatización el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM) ya que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas ha contratado un costoso bufete de abogados Mayer Brown con conflicto de intereses en la licitación.

Según afirmó en una rueda de prensa el jueves, el bufete reclutado por el Gobierno al son de hasta $995 la hora para asesorarlo en el proceso -$2.4 millones en total- también ha asesorado a varias de las empresas que están licitando incluyendo a Macquarie Group, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, y a Advent International Corporation. Como evidencia mostró copia del contrato de Autoridad con Mayer Brown la Oficina del Contralor, y el opúsculo promocional del bufete donde destaca a las citadas empresas entre su clientela.

‘Mi planteamiento es uno básico de ética, o sea usted no puede representar a Gobierno de Puerto Rico, en defensa de los intereses públicos del pueblo, y a la vez representar a empresas con fines de lucro y defender sus interese privados en una licitación’, dijo Hernández a NotiCel.

Asimismo, reclamó que el propio Gobierno, a través de la Autoridad redactó el contrato a la medida para justificar el conflicto al incluir una cláusula que específicamente establece que el tener intereses en alguna empresa que participe en el proceso no inhibe al bufete de prestar los servicios. No obstante, el también licenciado destacó que un contrato no va por encima de la ley y que dicha cláusula violenta el estatuto que exige a los abogados que practiquen en Puerto Rico adherirse al código de ética que impide representar a intereses enfrentados en un mismo proceso.

David Álvarez, director ejecutivo de la Autoridad, no estuvo disponible de inmediato para reaccionar a las imputaciones.

Hace un mes, Hernández había denunciado un primer conflicto de intereses en el tema de las APP y la privatización del aeropuerto cuando reveló que Macquarie asesoraba al Gobierno en la estructuración de las alianzas público-privadas en Puerto Rico, y a la vez aspiraría a licitar en la más grande de ellas, precisamente la del LMM.

Hoy refirió el presunto conflicto de intereses a la Oficina de la Contralora para investigación y las acciones pertinentes, pero, según dijo, está por verse si tendrá alguna consecuencia.

‘Lo que está en discusión es si existe una Contralora en Puerto Rico. Ya veremos’, acotó.

El representante ha dicho que está comprometido con llevar hasta las últimas consecuencias su investigación de los proceso de privatización del LMM, un activo tan importante para una isla como Puerto Rico que solo cuenta con dicha vía principal de entrada y de salida para los bienes de consumo e individuos.