La Policía de Puerto Rico no intervendrá en la reapertura de los portones de la Universidad de Puerto Rico (UPR), afirmó la Superintendente Michelle Hernández de Fraley.
La líder de la Policía envió una comunicación con esa determinación a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, en respuesta a una consulta que le hiciera la profesora esta semana.
‘La Policía de Puerto Rico no es parte en el pleito judicial contra la UPR y la política pública del gobernador es respetar la autonomía universitaria. En ese sentido, son los organismos universitarios los que tienen que propiciar el diálogo en la comunidad universitaria para dirimir sus diferencias y lograr la reapertura de la Universidad’, escribió Hernández de Fraley.
Ante una orden del Tribunal Apelativo de abrir los portones y una amenaza de cárcel si no se cumple el mandato, la presidenta interina de la UPR solicitó a la Superintendente que confirmara la política pública del Gobierno de no intervenir en los conflictos de la institución.
No obstante, en declaraciones escritas, la presidenta interina no aclaró si en efecto estará activando a la Policía para forzar unareaperturade los portones del recinto de Río Piedras (UPRRP), que actualmente se mantiene en huelga por decisión de los estudiantes de la institución.
‘Anoche se envió a la Superintendente de la Policía,MichelleM. Hernández deFraley, un correo electrónico para solicitar la posición oficial y la disponibilidad de la Policía de Puerto Rico para ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, a los fines de posibilitar el libre y seguro acceso al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El propósito de la comunicación fue confirmar la política pública del Gobierno de Puerto Rico de no intervenir en el conflicto universitario y que la Policía de Puerto Rico consignara su posición por escrito’.
El gobernador había anunciado anteriormente que existiría una política de no confrontación con los estudiantes de laUPRy por tal razón el jueves pasado, día que venció el plazo que dio el Tribunal Apelativo para abrir los portones de laUPRRP, la Policía no estuvo presente en las discusiones entre la rectoría y los estudiantes para rehabilitar el acceso a la institución.
Debido a esto el Tribunal determinó que la institución se encontraba en desacato y le impusieron una multa de $5000 y $1000 adicionales por cada día que el plantel se mantuviese cerrado. Tras una vista pública donde se disponían a pagar la multa, la juezLauracelisRoque anunció que si el centro docente no abría para antes del lunes, tanto la presidenta interina, como la rectora interina, quien ayer anunció su renuncia a la posición, enfrentarían cárcel.
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