La Cámara de Representantes de Estados Unidos evaluará desde el miercoles la controvertida legislación que impondría una junta de control fiscal sobre Puerto Rico en una vista pública donde no habrá testimonio de ningún representante del gobierno de Puerto Rico.

PROMESA propone otorgarle el poder a esta nueva junta para auditar y reformar las finanzas, el presupuesto y las operaciones del Estado Libre Asociado como prerrequisito para reestructurar gran parte de la deuda pública de $73 mil millones. La última versión divulgada por NotiCel circuló por error en la cuenta Twitterdel Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal.

El gobierno de Puerto Rico, congresistas demócratas, así como sectores laborales, cívicos y organizaciones en la diáspora puertorriqueña se oponen a la legislación por considerar que los poderes que se le otorgan a la junta son excesivos y contrarios a la soberanía y democracia de Puerto Rico. Además, señalan que el proyecto de ley enfatiza la austeridad gubernamental y no dice mucho sobre el desarrollo económico, que es lo que eventualmente sacaría a Puerto Rico de la crisis en que se encuentra.

Los acreedores de parte de la deuda están opuestos al proyecto porque le ofrece la oportunidad a Puerto Rico a reestructurar la deuda de manera voluntaria y luego obligatoriamente por la vía judicial. Puerto Rico está excluído de las protecciones ofrecidas por las leyes de quiebra federal y los funcionarios puertorriqueños afirman que la reestructuración es necesaria para enderezar sus finanzas y seguir cumpliendo con los servicios al pueblo.

En un esfuerzo por ser transparente y recibir las opiniones y recomendaciones de las muchas partes interesadas, la versión final del anteproyecto de ley PROMESA dado a conocer en la tarde del martes fue producto de semanas intensas de reuniones y cabildeo de congresistas conservadores republicanos, congresistas demócratas, acreedores de la deuda que agobia la Isla, el Gobierno de Puerto Rico y virtualmente todos los sectores en la Isla, y de docenas de organizaciones puertorriqueñas en la diáspora.

Luego de semanas de negociaciones y cabildeo intenso, el Comité de Recursos Naturales convocó la vista para las 10:00 a.m. para escuchar de varios expertos y partes interesadas en la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). La discusión legislativa del anteproyecto de ley comenzará a las 5:00 p.m. y continuará el jueves.

Según funcionarios en oficinas congresionales demócratas, la mayoría republicana del Comité solo le ofreció a los demócratas nombrar uno de los testigos. Se le encomendó al comisionado residente Pedro Pierluisi a seleccionar la persona, quien escogió a Simon Johnson, execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y economista del Massachusetts Institute of Technology, quien aboga por la necesidad apremiante de que a Puerto Rico se le permita reestructurar la deuda para poder sentar las bases de su crecimiento económico.

Los otros testigos incluyen a Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro federal; Anthony Williams, exalcalde de Washington, D.C., ciudad al cual el Congreso le impuso una junta de control fiscal similiar en la década de los 90; John Miller, gerente de la firma de inversiones Nuveen Asset Management, que maneja parte de la deuda ya asegurada; Andrew Kent de la Escuela de Leyes de Fordham University; Susheel Kirpalani, un abogado con el bufete Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan, que maneja parte de la deuda de bonos de Cofina; y Timothy Lee, el vicepresidente para Asuntos Legales y Públicos del Centro para Libertad Individual, grupo que ha gastado $200,000 en una campaña en contra de que el Congreso permita la reestructuración de la deuda.

El presidente del Comité de Recursos Naturales, representante Rob Bishop, expresó que la redacción del proyecto fue un proceso de mucha colaboración con la participación de todos los interesados en aras de lograr un ‘consenso responsable’.

‘Esta es la solución bien fundada constitucionalmente que proveerá una reforma real y duradera al Estado Libre Asociado a la vez que respeta los derechos de todas las partes y de los acreedores. Es la mejor oportunidad de la isla para mitigar su colapso financiero y reclamos en el futuro para un rescate financiero, lo cual sería insostenible,’ afirmó Bishop en declaraciones escritas. ‘El Congreso tiene que actuar ahora para evitar una crisis humanitaria que tendrá un impacto severo en los 3.5 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y los millones de ciudadanos americanos en los Estados Unidos continental’, agregó.

Por su parte, el representante republicano por Wisconsin, Sean Duffy, propulsor de la legislación, comentó que los puertorriqueños merecen el apoyo del Congreso para salir de las décadas de mal manejo de las finanzas y evitar una caótica batalla legal que no le serviría bien a los acreedores. Peor sería un rescate financiero que tuvieran que sufragar los contribuyentes y los pensionados de los Estados Unidos, añadió.

‘El proyecto de ley PROMESA asegurará que la isla cumpla con sus obligaciones en cuanto a la deuda de una manera responsable y controlada, sin mandarle la factura a los contribuyentes estadounidenses,’ expresó Duffy. ‘Si esto lo hacemos bien, tenemos la oportunidad de encaminar a la gente en Puerto Rico hacia el progreso económico. Pero si hacemos nada, el público americano va a estar obligado a pagar’, concluyó.

HR 4900 – NotiCel_18436

Memo Comité Recursos Naturales sobre HR 4900 – NotiCel_18445