Un informe de Auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, señaló el miercoles en su comentario especial las deficiencias relacionadas con la creación y la eliminación de la Oficina del Inspector General (OIG) que propiciaron la inversión de $15.2 millones en la operación de la OIG sin obtener beneficio alguno.

El informe planteó el impacto que tiene en la administración pública la toma de decisiones sin tener un conocimiento claro de los procesos de auditoría y la diferencia entre un auditor interno (pre-audit) y la función de la OCPR, que es fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley.

El Informe de cuatro hallazgos revela en lo particular, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) incurrió en gastos innecesarios por el pago de estacionamientos no utilizados y otras deficiencias con el contrato de arrendamiento que ubicaba las oficinas del OIG. Además, la OIG remitió con tardanzas de 3 a 448 días, 16 contratos a la Oficina del Contralor, contrario a la Ley 18 y al Reglamento 33 sobre el Registro de Contratos.

La auditoría también señala que se realizaron desembolsos por $340,000 para la adquisición de bienes y servicios que no fueron utilizados por la OIG tales como: la aplicación Auto Audit, tres servidores y una unidad de almacenamiento; y la aplicación financiera para el manejo de la contabilidad, Sage Fund Accounting. Esta situación obedeció al cambio de política pública de la administración y a las decisiones legislativas por la aprobación de la Ley 62-2013, que no permitieron la continuidad y el uso de los recursos adquiridos.

También señaló que el Director de OGP no había adoptado normas escritas para la administración, custodia y disposición de los documentos de la OIG. A tales efectos, no se había realizado un inventario, los documentos estaban sin identificar y la OGP no pudo localizar copia de los 30 informes trabajados según el Informe de Transición del 2013.

La opinión de la Contralora cubre el periodo del 16 de abril de 2010 al 1 de julio de 2013.

Informe OIG – NotiCel_15996