La psicóloga social comunitaria y analista radial, Katherine Angueira, tronó contra el propuesto nuevo Código Penal (P.del S. 2021) aprobado en el Senado de Puerto Rico e insistió que establecer mayores consideraciones a los perpetradores de delitos criminales incrementa el nivel de violencia que se vive en la Isla.

Durante su comparecencia a una vista pública de la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes, que preside la legisladora Liza Fernández, Angueira apuntó que ‘nuestra advertencia en el 2004 de que el Código Penal aprobado, mediante la Ley 149 de 18 de junio de 2004, tendría el efecto de vaciar las cárceles y aumentaría la violencia en Puerto Rico, ha quedado confirmado con los datos empíricos’.

Para llegar a esta conclusión, Angueira estableció que en el 2011, uno de los años más sangrientos de la última década con 1,136 asesinatos, solo había 22,227 personas bajo la custodia del Estado y de estas, solo 11,284 estaban confinadas. Sin embargo, en el 1999, donde solo se registraron 593 asesinatos, 33,000 personas estaban bajo la custodia del Estado y había 16,003 confinados.

A su entender, con el Código Penal vigente se le adjudican a los confinados ciertos derechos que violentan los derechos de sus víctimas y que a su vez, permite su salida más rápido de una institución penal.

En ese sentido, Angueira determinó que ‘como la Constitución no le reconoce ni el carácter, ni la naturaleza de un derecho fundamental, creo que la ‘rehabilitación’ se debe catalogar como un privilegio de un confinado y no como un derecho fundamental’.

Al mismo tiempo, tuvo sus diferencias con el hecho de que un perpetrador de delito criminal recurra al ‘mea culpa’ y puntualizó que el Estado debe mantenerse separado de la Iglesia a la hora de establecer que el convicto se ha reivindicado.

Angueira indicó que ‘otra dimisión del discurso de la lenidad hacía el convicto de delitos de violencia contra la persona, es la noción errada del significado de la mal llamada ‘rehabilitación’, es el derecho absoluto a que se le reduzcan las penas drásticamente de manera casi automática con bonificaciones y su reinserción a la libre comunidad’.

También reiteró la psicóloga que los programas de rehabilitación y desvío actualmente establecidos no han propiciado un verdadero cambio de conducta del confinado, que lo lleve a que al reincorporarse en la libre comunidad no vuelva a delinquir.

Angueira rememoró el cabildeo que ella ha llevado desde la administración de la ex gobernadora Sila María Calderón, para que el vigente Código Penal no fuera aprobado tal y como estaba en el proyecto de ley.

No obstante, su intento no prosperó aunque consiguió momentáneamente el apoyo de algunos líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), y hoy, Angueira reconoció que pese al compromiso que le presentó en aquel entonces el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, recientemente se aprobó la medida de su autoría, la Ley 288 del 2009, que persigue aplicar mayores bonificaciones a los confinados, lo que reduce el tiempo que deben cumplir en una institución penal. Lo mismo pasó con la Ley 44 del 2009 de la autoría del ex senador Roberto Arango.

Ante este cambio de posición, Angueira sostuvo que ‘no se puede estar prometiendo seguridad y respeto a los derechos de las víctimas sobrevivientes de delitos de violencia, cuando con la otra cara se legisla sin fundamento, y sin evidencia de su efectividad, bonificaciones para seguir rebajando sentencias a victimarios violentos que representan un alto riesgo de peligrosidad para las víctimas que nos atrevimos a carearlos en un tribunal, y para otras potenciales víctimas’.

Asimismo, concluyó que ‘mientras cambian su norte para buscar el voto del preso, fortalecen la guillotina electoral para pasarle factura por la violencia en descontrol que se desata por la política pública de la reducción de sentencias y excarcelación temprana’.

En múltiples instancias, Angueira criticó a la criminóloga, la doctora Dora Nevárez, por las observaciones que ha hecho sobre las razones para la alta tasa de criminalidad en Puerto Rico.

En esa línea, Angueira planteó que el achacarle la culpa de la alta incidencia criminal al programa de ‘Mano Dura contra el Crimen’, impuesta bajo el mandato del ex gobernador Pedro Roselló, ‘es una interpretación acomodaticia de los hechos’. Y sentenció que la criminalidad en la Isla se traduce en el ‘Toallazo al Criminal’.

De otro lado, Angueira rechazó que se pretenda trabajar con la criminalidad desde un enfoque salubrista como han recomendado varias organizaciones sin fines de lucro, y hasta ha sido adoptada por el candidato a la gobernación por el PPD, Alejandro García Padilla.

En ese sentido, expresó que ‘es un discurso hueco, en que se pretende patologizar conducta antisocial, en lugar de abordar la problematica multi-disciplinariamente’.

Entretanto, pidió una revisión de lo dispuesto en el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en la que expuso que se han establecido mayores bonificaciones para los confinados.