Luego de que el gobernador Ricardo Rosselló emitiera una orden de destitución a todos los comisionados representantes del interes público de la Comisión para la Auditoria Integral del Credito Público, se inició un pleito legal para que no se desmantele la Comisión, para ello el jueves los miembros del ente entregarán documentos a la juez, Lauracelis Roques Arroyo para que emita un fallo a favor del gobierno o de la comisión.

La juez, estará decidiendo si el gobernador puede o no en virtud de la Ley 3 del 2017 que aprobó bajo su mandato, remover miembros de la Comisión para la Auditoría de la Deuda y es que los demandantes argumentan que tras el proyecto haber sido propuesto por la Asamblea Legislativa el gobernador, no tiene injerencia para remover los miembros de la Comisión.

El principal asesor del gobernador, Alfonso Orona aseguró a NotiCel que ‘El ejecutivo, en virtud de la Ley 3, toda junta que sea subsidiada por el gobierno de Puerto Rico se le otorga ese poder de remoción y no podemos olvidar que ahora la comisión recibe $2 millones por parte del gobierno, por lo que sí le da el poder de remoción al gobernador’.

Asimismo, Orona sostuvo que el ‘injuction’ que solicitaron los miembros de la Comisión para la Auditoría de la Deuda no precederá pues ‘no se cumple con los requisitos para realizar el mismo’ dado que, a su juicio, no hay un daño irreparable.

Por su parte el licenciado, Manuel Rodríguez quien representa a los miembros de la Comisión para la Auditoría sostuvo que ‘Nosotros tenemos la esperanza de prevalecer, no hay ningún otro remedio adecuado que puedan obtener los demandantes en este pleito que no sea la restitución de la Comisión. Es una Comisión que tiene una tarea muy importante para el país en este momento que es completar la auditoría, el argumento que está utilizando el gobernador es que no gozan de su confianza pero evidentemente quienes vayan a auditar la deuda no van a gozar de su confianza, políticos que han llegado a sus puesto precisamente de ese tipo de acciones’.

De igual modo, Rodríguez señaló que la Comisión no entorpecerá el Plan Fiscal que presentó el gobernador a la Junta de Control Fiscal porque la Comisión no tiene nada que ver con el plan.

‘Nosotros creemos que el trabajo de la Comisión es de vital importancia para que el país pueda echar para adelante. Si esa Comisión logra completar su trabajo e identificar las irregularidades estaría librando al país de una carga que no tendría que pagar porque su origen es ilegal pero además evitaría todas las medidas de austeridad que el gobierno pretende imponer a la mayoría del país para atender la crisis fiscal, no logramos entender porqué el gobernador destituye a los miembros del interés público que entre ellos está el presidente de la Comisión que es quien dirige la Comisión’, explicó Rodríguez mientras señaló que el gobernador no quiere que se descubra la verdad.

Entre tanto, el presidente de la Comisión, Roberto Pagán, sostuvo que los argumentos que presentaron los abogados a la juez son sólidos para que se determine ha lugar la petición de injuction.

‘Hay más de 100 mil peticiones para que se inicie la auditoría de la deuda, el próximo lunes a las 7 de la noche el frente está convocando una vigilia frente al Capitolio para fortalecer el argumento de la necesidad de una auditoría de la deuda. Yo creo que la juez ha entendido la urgencia de que haya un remedio en Ley así que a través de las preguntas que le hizo a la abogada del gobierno, me parece que lo proyecta’, sostuvo Pagán.

La Comisión está compuesta por representantes de instituciones financieras, cooperativas, académicos y sindicatos así como funcionarios electos y fue creada por virtud de la Ley 97 (de julio de 2015) que mandata que se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública y se determine la cantidad que realmente corresponde pagar.

Los comisionados, representantes del interés público, que recibieron la carta de destitución del Gobernador fueron: Dr. José Alameda, catedrático en economía; Dr. Juan Lorenzo Martínez, catedrático en estadísticas; Hilero Arroyo, líder cooperativista; Zoimé Álvarez Rubio, del sector bancario; González Taboada, profesor de finanzas; Dr. Hiram Meléndez profesor de derecho constitucional y Pagán, líder sindical.