El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, afirmó esta tarde que el establecimiento de nuevas medidas de recaudos resultan necesarias para garantizar una fuente de repago de la deuda por $2,200 millones que mantiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que tiene a la institución financiera al borde de la insolvencia, y además, evitarían que el servicio de transporte colectivo que se brinda a la ciudadanía se vea afectado.

El funcionario dijo a NotiCel que antes de que finalice este año fiscal, que es el 30 de junio, el Ejecutivo presentará su plan para atender el problema de ACT a la Legislatura.

Según Torres, el impuesto a los distribuidores por las importaciones de petróleo crudo y el incremento de los marbetes para los vehículos de lujo, son las medidas impositivas que siguen sobre la mesa en las discusiones que se mantienen entre los miembros del gabinete Ejecutivo.

Al ser abordado por la prensa de si recomendaría que la Legislatura acogiera la imposición de esta nueva contribución por las importaciones de petróleo, que se ha planteado que tendría un impacto adverso para distintos sectores, Torres manifestó que ‘yo entiendo la renuencia que puede haber en el país y los legisladores, pero las consecuencias de no tomar una decisión afirmativa para resolver esta situación, que no sea coger otro préstamo, realmente pueden ser nefastas para el país a nivel de transportación’.

Al mismo tiempo que agregó que ‘estamos hablando que esto podría conllevar cierres de operaciones de los servicios de transporte público, quizás no se puedan reparar las lanchas de Vieques y Culebra y tengamos entonces un problema operacional con las lanchas, puede quizás implicar que no se tenga gasolina para pagar a las guaguas de la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses) y no salgan en una mañana a la calle, y puede implicar que yo tenga que reducir la jornada laboral en mis funcionarios de Gobierno para que trabajen 4 días’.

Este diario digital le preguntó que si seguía en pie el incremento en el arbitrio de la gasolina, que actualmente ronda los 16 centavos por galón, a lo que Torres aseveró que se esta evaluando, pero expresó que no está a favor de

que se impacte la venta al detal de la gasolina.

De otro lado, como ya había adelantado el gobernador Alejandro García Padilla, Torres dijo que al momento el Ejecutivo ha descartado un alza en el costo de los peajes, pero observó que en la Legislatura esta posibilidad se mantiene bajo escrutinio.

No obstante, Torres dijo que en el 2014 los ciudadanos que transitan por la PR-22 y PR-5, experimentarán un alza en el costo de los peajes, que ya tenia programado el privatizador, Metropistas.

Ante este cuadro de la necesidad de establecer nuevas partidas de recaudos, Torres planteó que ‘lo que no podemos perder de perspectiva es que la Autoridad de Carreteras y Transportación, tienen en este momento una situación fiscal precaria, la cual estamos atajando de varias maneras, no solamente estamos buscando que alguien nos busque los chavos, yo necesito como Departamento y como Autoridad, que nosotros hagamos unos pasos afirmativos que sean de reducción de costos y gastos operacionales’.

Como una manera de reducir gastos, apuntó que se esta renegociando el contrato para la operación del Tren Urbano, para que se utilice a personal de la agencia; ver como se disminuyen los gastos por operar las lanchas; reducir la nómina de personal de confianza; cortar el pago de horas extras; eliminar los contratos con bufetes externos; y no dar bonos de productividad.

NotiCel le cuestionó que si había apertura para paralizar los servicios de las lanchas de Cataño y Hato Rey para reducir gastos operacionales, ante los costos elevados y el reducido número de pasajeros, pero Torres lo descartó a menos que la situación fiscal de ACT los fuerce a ello.

‘Las operaciones de transporte público no son gastos, son inversiones de desarrollo económico. Sin embargo, si no tengo con que operarlas, pues no puedo ofrecerlo. Y a quien vamos a perjudicar? Al que menos tiene’, sentenció Torres.

Actualmente el servicio de lanchas de San Juan-Cataño tiene un promedio semanal de 20 mil pasajeros en viaje ida y vuelta.

Mientras, de San Juan-Hato Rey son en promedio 600 pasajeros semanales en viaje ida y vuelta.

Sin embargo, Torres no descartó la reducción de la frecuencia de los viajes.

De acuerdo a Torres, gran parte del problema de ACT es que se le ha delegado la función de operar el sistema de transporte público y para ello se han tenido que utilizar los pocos fondos disponibles en la agencia.

Pese a tal aseveración, negó que privatizar ciertos servicios sea algo que tengan en la mirilla para aliviar la carga de la ACT, ya que, argumenta, no son operaciones que generen muchos ingresos.