Aunque dijeron desconocer el contenido del informe de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que recomienda una amonestación de 15 días de dietas y un referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), los legisladores populares Jaime Perelló y Roberto Rivera Ruiz de Porras, no se mostraron sorprendidos por lo que entienden es una sanción por realizar su trabajo de fiscalización.

Los representantes de la Pava aseguraron que aun no habían sido notificados sobre sanción alguna, aunque es conocido que el informe de la Comisión de Ética cameral plasma las sanciones descritas. Jaime Perelló declinó hacer comentarios concretos sobre el informe.

‘Hasta que yo no reciba el informe de Ética no vamos a hacer ningún comentario’, reafirmó Perelló.

No obstante, advirtió que no dejaría de fiscalizar las transacciones del gobierno, especialmente si hay dinero público de por medio. En tanto, Ruiz de Porras indicó que la acción de la presidenta de la Cámara Jenniffer González de radicar un caso ante la Comisión de Ética tendría un final predecible.

‘De acuerdo a lo que se ha filtrado eso es una película. Nosotros lo dijimos desde el primer día. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar cuando ella (Jenniffer González) va en contra de nosotros y nos atropella en términos de faltarnos el respeto. Sabíamos que iba a venir una amonestación al final. Si es que el informe dice eso, ya esa película nosotros la sabíamos y ya sabíamos el final’, puntualizó.

González radicó una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara contra Perelló y Ruiz de Porras, luego de que ambos legisladores remitieran sendas cartas a las empresas que competían por el contrato de administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Las misivas en cuestión advierten a las corporaciones que la transacción realizada con el gobierno bajo el formato de las alianzas público privadas estaría bajo investigación en caso de que el Partido Popular Democrático ascendiera al poder en los comicios de noviembre.

La líder cameral entiende que los representantes incurrieron en violaciones de ley, así como del Código de Ética y el reglamento del cuerpo legislativo.