La pugna electoral entre Barack Obama y Mitt Romney es solo la punta del iceberg de los comicios del 6 de noviembre en los que los estadounidenses tendrán que decidir además sobre asuntos dispares como subidas de impuestos, bodas gays, aborto, legalización de la marihuana o eutanasia.

En total se someterán al dictado de las urnas 178 propuestas vinculantes repartidas en 38 estados más el Distrito de Columbia.

Año tras año, políticos y ciudadanos aprovechan de forma recurrente la infraestructura que arrastra una convocatoria electoral para organizar plebiscitos que recojan el sentir de la población respecto a medidas de trascendencia normativa, como puede ser una enmienda constitucional, o que tengan un impacto social.

El aumento y la rebaja de tasas, la autorización para que un gobierno emita bonos y se financie y las leyes del juego son una tradición en estas consultas públicas, algo parecido ocurre con el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio o la despenalización del cannabis.

En esta ocasión, los votantes de California y Florida serán los que tengan que responder a más preguntas, 11 en cada caso, que en el estado del oeste incluirán desde el endurecimiento de penas para el tráfico ilegal de personas, a la eliminación de la pena de muerte o la limitación del gasto público.

En Florida se votará sobre la prohibición de emplear fondos estatales para financiar abortos, una reforma constitucional contra la discriminación religiosa, así como varias exenciones fiscales y una propuesta para impedir que se obligue a cualquier individuo o empresa a que obtenga un seguro médico.

Esa medida es similar a otras que irán en las papeletas de Alabama, Montana y Wyoming, y que se entienden como un intento de blindar los estados ante el Affordable Care Act, apodada por sus detractores Obamacare, y que persigue la cobertura sanitaria universal al exigir a los estadounidenses que tengan un seguro médico.

Arizona, Misuri, Ohio y Oklahoma ya aprobaron recientemente iniciativas para blindarse ante esa ley.

El derecho de dos personas del mismo sexo a pasar por el altar se someterá a juicio público en Maine, Maryland, Minesota y Washington, si bien en los dos primeros estados se pide a los electores que rechacen la legislación en vigor que prohíbe los matrimonios homosexuales y en los otros se busca el objetivo contrario.

En Washington los impulsores de la propuesta quieren que se elimine una ley que legaliza las bodas gays y en Minesota se propone una reforma constitucional que recoja que los matrimonios son solo posibles entre hombres y mujeres.

Hasta la fecha, los estadounidenses han votado mayoritariamente contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Casi todas las veces, los avances conseguidos para favorecer las bodas gays han llegado vía parlamentaria y judicial.

Washington también decidirá si se legaliza la marihuana, tanto su producción como distribución y consumo para mayores de 21 años, y si se convierte en un producto tasable como el tabaco y el alcohol, a pesar de que las leyes federales consideren el cannabis una sustancia ilegal.

Algo parecido se votará en Oregón y en Colorado, mientras que en Arkansas, Massachusetts y Montana se quiere facilitar el acceso a la ‘maría’ bajo prescripción médica.

En Montana se quiere endurecer la situación de los inmigrantes irregulares y negar el acceso a servicios públicos como becas, licencias o ayudas estatales a quienes carezcan de permiso para estar en el país, y obliga a notificar a las autoridades migratorias cuando se detecten a inmigrantes sin papeles.

Los electores de Montana también elegirán si quieren endurecer las condiciones para que se lleven a cabo abortos, mientras que en Massachusetts se ha propuesto permitir la eutanasia.

El derecho a la caza y la pesca es materia electoral en Kentucky, Nebraska, Wyoming y Idaho; los casinos y la ley del juego pasarán por las urnas en Maryland, Oregón y Rhode Island; y los sueldos de los políticos en Alabama y Nebraska.

Más de una treintena de medidas se posicionan a favor de cambios del régimen impositivo y los legisladores en diferentes estados de EU han pedido a los ciudadanos que les autoricen a emitir bonos para financiar su gestión cuyo montante total asciende casi hasta los 4,000 millones de dólares.