Ante los millonarios contratos que han otorgado en el Senado y en la Cámara a políticos derrotados, el economista Gustavo Velez formalizará su petición de crear un proyecto de ley que sindicalice a la Asamblea Legislativa mediante una reunión con el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jose Carrión III. Bajo el Título I, del Artículo 101, el organismo tiene la potestad de designar a su ‘plena discreción’ cualquier ‘instrumentalidad territorial’ –termino que incluye la rama constitucional– a que este sujeta a las disposiciones del estatuto federal, que rige los reglamentos y los poderes sobre el Gobierno de Puerto Rico.
‘En un momento donde le estamos pidiendo sacrificios a toda la sociedad puertorriqueña y que no sabemos si hay dinero para pagar las pensiones, que se quedan sin dinero en los próximos dos meses, no sé sabe si va a haber dinero para pagar la nómina del Gobierno, aquí los terapistas de Educación Especial no cobran por meses. Entonces, cuál es el mensaje que le envían aquí los legisladores, que se suponen representen los mejores intereses del pueblo? Que están actuando contrario en estas acciones de contratos y cosas exorbitantes’, expresó Vélez, quien laboró en la Asamblea Legislativa entre el 2001 y 2004.
Según publicó El Vocero, la Junta convocó a algunos medios a una mesa redonda con Carrión III, y el director ejecutivo interino, Ramón Ruiz, para hablar estrictamente del tema económico. El presidente del organismoconfirmó que recibió la carta de Vélez y adelantó que se reunirán la semana que viene.
Según reveló NotiCel mediante consultas a la Oficina del Contralor, la Legislatura ha otorgado $3.58 millones en contratos de asesoría legal, consultoría administrativa, relaciones públicas y prensa. La partida monetaria en la Cámara de Representantes fue de $1, 895, 901.80, y en la Cámara Alta fue de $1,692,810.00. Entre los registros, figuró el nombre del exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, quien es investigado por las autoridades federales ante las irregularidades y el quiebre del municipio. Su contrato es de $3,000 mensuales por servicios de consultaría al Senado.
Ante la Reforma Laboral firmada por el gobernador Ricardo Rosselló, el economista se mostró solidario y a favor de proyectos que ayuden a la economía, pero calificó de ‘contradictoria’ y ‘absurdo’ que se otorguen contratos a políticos que han violado sus funciones. En una carta dirigida al presidente Carrión III, le expresó su indignación, y también sostendrá una reunión con el senador José Vargas Vidot para impulsar la legislación.
Si la Rama Legislativa queda en jurisdicción del estatuto federal, se le podrá requerir al primer ejecutivoRosselló Nevares, que desarrolle y envíe presupuestos desarrollados e informes trimestrales sobre la instrumentalidad. De la misma forma, se podrá determinar la necesidad de preparar un Plan Fiscal, al igual que las seis entidades sujetas al organismo: la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC).
Vélez también enviará una misiva al Congreso de EE. UU., dirigida al portavoz Paul Ryan y al senador Orrin Hatch, que preside el Comité de Finanzas de la Cámara Alta, y fue un detractor de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, impulsada por el excomisionado residente Pedro Pierluisi. ‘Por qué esto es importante? Porque aquí se está hablando de perdirle dinero al Congreso y yo creo que es inconsistente que mientras se hace un planteamiento de necesidad de dinero, esto esté ocurriendo’, expresó.
El presupuesto del Gobierno central para el año fiscal 2016-2017 asciende a $158,880,000. Entre ellos, se incluye las asignaciones provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General de $110,000,000. Y entre los gastos de funcionamiento se reflejó un aumento de $33, 929, 000 en comparación con los recursos asignados para el año anterior.
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