Los intereses que se mueven en el proyecto para que pacientes se querellen

Las dos organizaciones que representan a las aseguradoras de salud en Puerto Rico, ACODESE y MMAPA y las aseguradoras Triple S, MCS y MMM llevan la voz cantante en un esfuerzo para descarrilar en La Fortaleza el proyecto 27, que otorga mayores poderes a los pacientes al momento de radicar querellas contra las aseguradoras, aseguraron varias fuentes relacionadas a la industria de la salud.

‘ACODESE es una de las organizaciones que desde el primer día ha estado ejerciendo presión para que esta medida no se aprobara. Entiendo que también a Fortaleza fueron Triple S y MCS. Esas son las dos aseguradoras que han estado fuertemente cabildeando’, confirmó a NotiCel el presidente de la comisión cameral de Salud, Juan O. Morales.

El proyecto, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, se aprobó unánimemente en ambos cuerpos legislativos y ahora espera por la firma del gobernador, quien sigue recibiendo la oposición de las aseguradoras que sostienen que la medida aumentaría en $300 millones el costo del plan de salud del gobierno.

Fuentes identificaron como figuras claves en la campaña en oposición al proyecto a la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (ACODESE). Esta entidad fue presidida hasta hace unos meses por Carlos Rodríguez, quien fuera el principal asesor del exgobernador Luis Fortuño y posteriormente fungió como asesor legal de la aseguradora Triple S. Su directora ejecutiva es Iraelia Pernas.

Otra organización que ha tenido un rol protagónico en el proceso es la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), que es presidida por Roberto García, presidente de Triple S. MCS también ha cabildeado en contra de la medida.

La aseguradora rechazó confirmar o negar la información. La portavoz de prensa de MCS, Marién Amézaga dijo a Noticel que MCS había determinado no expresarse sobre el tema, por lo que no emitiría comentarios.

No obstante, los favorecedores de la pieza legislativa rechazan que el impacto fiscal de la medida sea de $300 millones y sostienen que la legislación beneficia a los pacientes que buscan proteger sus derechos contra las determinaciones de rechazar servicios o tratamientos médicos que en ocasiones toman las aseguradoras.

A favor del proyecto se encuentra el Colegio de Médicos Cirujanos, que a partir de esta semana aumentará sus esfuerzos públicos y con La Fortaleza ya que el equipo de trabajo del gobernador Ricardo Rosselló tendrá que tomar una decisión en los próximos días, pues el primer ejecutivo tiene hasta el 29 de julio para firmar o vetar la legislación.

‘La pelea está pareja. (La Fortaleza) está en espera del análisis del impacto fiscal que realiza la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAAF)’, aseguró a NotiCel una fuente.

Varias fuentes coincidieron que el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y el secretario de la gobernación, William Villafañe favorecen que se firme el proyecto; pero la Administración de Servicios de Salud (ASES) y el Departamento de Salud se oponen tenazmente porque elevaría las primas de la reforma de salud.

Desde febrero, durante el proceso de vistas públicas del proyecto., el Secretario de Salud rechazaba la medida por el impacto fiscal, que en aquel momento estimó entre $13 y $26 millones anuales.

‘Las expresiones que hemos son las únicas. Está en proceso de evaluación, al igual que otras decenas de medidas que hemos recibido’, respondió el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, mediante declaraciones escritas sobre el trámite de la medida en La Fortaleza.

La Cámara de Representantes enmendó la pieza legislativa para que el proceso de revisión y apelación de querellas contra las aseguradoras sea realizado por un ente independiente, lo que según las aseguradoras provocaría que se tengan que aumentar los costos en $300 del salud del gobierno.

Por su parte, el presidente de comisión cameral de Salud, Juan O. Morales, defendió la medida que hace justicia a los pacientes. ‘De no aprobarse sería un triunfo para las aseguradoras del país, que ‘van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, negando servicios poniendo el criterio económico por encima del criterio médico’.

El legislador PNP insistió que el gobernador debe firmar la medida y no ceder a las presiones de las aseguradoras para demostrarle al país que el gobierno los defiende.

‘Es momento que nosotros (como gobierno) nos crezcamos para demostrarle a la gente que estamos de su lado’, afirmó el presidente de la comisión legislativa.

Desde este lunes más de veinte organizaciones que representan a pacientes y proveedores de servicios de salud cabildearán a favor de la medida. Encabezados por el Colegio de Médicos Cirujanos, AARP, la Asociación de Hospitales, entre otros, publicaron una carta abierta al gobernador solicitando que firme el proyecto porque es beneficioso para los pacientes.

‘SI las aseguradoras no hacen denegaciones caprichosas (de servicios a los pacientes), entonces, no hay multas ni demandas. SI las aseguradoras no deniegan servicios no hay aumento en costo, la medida no tendría impacto fiscal. Ya se le paga por eso, eso es parte de los costos operacionales’, dijo Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

El exprocurador del paciente, Carlos Mellado coincidió diciendo que ‘no es normal que a un hospital se le deniegue un 57% de servicios a pacientes. Lo que pretende la medida es que haya un árbitro externo. Hay que fiscalizar a las aseguradoras para que sea (ese organismo) el que decida la validez de esas decisiones. Decir que va a haber en un aumento en los costos no es correcto. Si queremos elevar a la salud empecemos por lo más básico’.