La vista de interdicto permanente en el caso de seis estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que demandaron a los directivos de la administración universitaria para exigir la reapertura de los portones de la institución tomó un nuevo giro luego que presentaran un recurso legal para que el Tribunal de Apelaciones revise y revoque la sentencia parcial emitida por la jueza a cargo del caso.

El recurso de certioraripresentado por el abogado de los estudiantes, Pedro Vázquez, señala a la juezaLauracelis Roques por errores cometidos en la sentencia parcial que emitió el 6 de abril. Sin embargo, aunque la jueza Roques advirtió en sala que esta petición al Apelativo podría tener el efecto de paralizar el proceso que se lleva a cabo en el Tribunal de Primera Instancia, Vázquez aclaró que no es el caso pues solo aplica a la sentencia parcial emitida.

‘Nosotros entendemos que el procedimiento no está paralizado, nosotros vamos a actuar como si no estuviera paralizado. Le solicitaremos en su momento al Tribunal de Apelaciones de así entenderlo pertinente una aclaración para que le aclare al tribunal la manera de proceder, pero ahora mismo estamos esperando porque la UPR conteste la demanda’, explicó el abogado de los estudiantes, reconociendo que la Universidad tiene hasta el 3 de mayo para responder a la demanda por escrito.

Según el licenciado, la corte ha fallado en emitir una sentencia expresándose sobre el derecho constitucional de sus clientes a continuar tomando clases, uno de los reclamos esbozados en la demanda, y que no fue atendido en el escrito de la sentencia parcial del 6 de abril.

En sala, la juez Roques planteó que los reclamos que solicita la parte demandante no son aplicables a la administración universitaria pues no son los responsables de mantener los portones del recinto de Río Piedras cerrados, sino los estudiantes. En ese sentido le indicó al abogado de los estudiantes que lo que procedería para adelantar los reclamos sería enmendar la demanda a fin de incluir aquellos estudiantes que mantienen el recinto ríopedrense clausurado.

Vázquez argumento que los demandantes no poseen legitimación activa para emprender esa acción legal contra los estudiantes, aunque resaltó que la administración universitaria sí lo tiene. ‘Nosotros no los vamos a demandar, nosotros como le dijimos a la juez, que nosotros no tenemos ninguna reclamación contra ellos. Quien tiene reclamación contra ellos es a la UPR’, reiteró Vázquez.

Para el abogado de los demandantes, los méritos de la demanda pueden continuar tramitándose en la sala de la jueza Roques en lo que procede el trámite dentro el foro apelativo para dar paso al recurso de mandamus presentado con el fin de ordenar a la administración universitaria permitir el acceso al recinto. El caso se procesaría a fin de determinar si en efecto los derechos contractuales de los estudiantes fueron violados por parte de la administración UPR.

La defensa legal de la UPR, el licenciado Enrique Figueroa Llinas, insistió en sala que su cliente entiende no es responsabilidad de la administración universitaria traer a la demanda a los estudiantes que mantienen el recintoclausurado. A su salida de la sala 907, Figueroa Llinas no emitió más comentarios.

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