Recomiendan otras medidas para reglamentar.

La Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico favorece el establecer ciertos controles a las rentas de corto plazo aunque considera que la propuesta ordenanza de la Legislatura Municipal de San Juan limita los derechos de los dueños de bienes inmuebles de generar ingresos y a la misma vez a la economía.

‘El negocio de bienes raíces es la rueda que permite rotar todo el andamiaje de la economía de ese lugar…. Limitando ese derecho a que ellos puedan libremente alquilar y decidir si lo necesitan a corto o a largo plazo, pondrían en desventaja a nuestra Ciudad Capital’, depuso la presidenta de esa organización, Rosita Alicea.

En esa línea, y según expuso Alicea en una vista pública celebrada en la Legislatura Municipal de San Juan, la Asociación tiene tres reservaciones sobre la propuesta ordenanza que obligaría a arrendadores a, entre otros cosas, obtener una licencia otorgada por el municipio para devengar dinero de su alquiler. Entre las reservaciones menciona que la ordenanza municipal estipula que ‘cualquier persona’ puede hacerse cargo de la administración de la propiedad rentaba.

‘Sin embargo la ley 10 del 26 de abril de 1994 cita en el artículo 2 del inciso A y define que esta función tiene que ser, cuando no es realizada por el dueño o el titular, realizada por un corredor o vendedor de bienes raíces certificado y licenciado por la Junta Examinadora de Corredores y empresas de bienes raíces adscritas al Departamento de Estado de PR’, cuestionó Alicea.

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La tambien corredora de bienes raíces nuevamente levantó preocupación sobre la posibilidad que se le cobre a los titulares de propiedades, que optan por rentas a corto plazo, una ‘doble tributación’, pues estos ya tienen que pagar un 7% de la ganancia de esa renta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico tras la aprobación de la ley 272 del 2003 del ‘Room and Taxes’.

‘Ese cobro [el de la licencia para arrendar a corto plazo] se puede interpretar como que estamos haciendo una doble tributación o que se está regulando por ordenanza algo que ya está dispuesto en ley’, afirmó la deponente.

Por otro lado, para la Asociación, esta ordenanza ‘está limitando al dueño del inmueble el mercadeo, uso y disfrute de sus propiedades teniendo repercusión económica, merma en el ingreso, afectando la microempresa del entorno, los servicios profesionales y el efecto en la comunidad y por ende en la economía’.

‘Esto limita el uso y disfrute de la propiedad en contra del estado de derecho vigente’, apuntó Alicea.

A esos fines, la Asociación de Arrendadores recomendó que en lugar de aprobar la ordenanza se limite al 49% la ocupación de alquiler a corto plazo en edificios multifamiliares y que las 1793 unidades vacantes en el Viejo San Juan se renueven para ser habitadas nuevamente.

‘Nuestra sugerencia es que se pueda contactar esos propietarios de esas unidades, crear un programa de subsidios para ponerlas en condiciones habitables, donde se les pueda aportar una parte para dichas reparaciones y en conjunto se le otorgue un prestamo a un interes nominal para que sea asequible con la condición de que vivan un mínimo de años esa propiedad y que cumplan una cantidad de labor comunitaria en el entorno’, recomendó Alicea.

Finalmente, cuestionada sobre la falta de medidas de seguridad en las plataformas digitales para promocionar propiedades rentables, la corredora negó que estas den visto bueno a la promoción de propiedades que carecen de seguridad.