¿Con premio o sin premio? Desde el próximo lunes regresa a la Asamblea Legislativa el proyecto que pretende aumentar las licencias para las máquinas de entretenimiento para adultos, medida que quedó varada en el trámite legislativo durante el último día de la pasada sesión tras no lograr acuerdos en el comite de conferencia de Cámara y Senado.

La medida quedó varada durante la pasada sesión tras un intenso cabildeo para que se enmendara la pieza legislativa con el propósito de permitir a los operadores de estas máquinas pagar premios.

Para salvar el proyecto, necesario para cumplir con el plan fiscal certificado y allegar $69 millones al erario, los presidentes legislativos acordaron aprobar el aumento a las licencias y radicar otro proyecto para evaluar si se les permite pagar premios.

De esta forma, se aplazará la lucha de todos contra todos hasta la sesión ordinaria que inicia en unas semanas con la propuesta que revive la llamada vídeo lotería; pero con empresarios boricuas.

La versión de la Cámara del proyecto 1142 busca imponer un cargo de $3,000 por cada máquina de entretenimiento para adultos que opere en establecimientos. Estas son las máquinas que usted encuentra en panaderías, negocios, gasolineras, etc. Contrario a las llamadas tragamonedas, que operan en los casinos, las máquinas de entretenimiento no están autorizadas a pagar premios en efectivo a sus jugadores.

Y es que los dueños de las máquinas de entretenimiento piden enmendar el proyecto para que se les permita pagar premio. La pasada semana iniciaron una campaña publicitaria pidiendo al gobernador que acoja su propuesta.

Este sector se ha divido en otro grupo conocido como la Asociación de Dueños de Operadores de Máquinas de Entretenimiento (ADOME), que busca que el gobierno permita la creación de una especie de video lotería boricua conectando las máquinas al Departamento de Hacienda para transferir al erario el 10% de las ganancias de cada máquina. De igual forma, piden pagar hasta $500 en premios a los jugadores y que se aumente a $1,000 el costo de licencia por máquina. Este grupo tiene como cabildero al expresidente de la Telefónica, Agustín García.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se mostró a favor de la propuesta de ADOME para que las máquinas puedan pagar premios a la vez que están conectadas a un sistema electrónico que tribute por el dinero que va a cada máquina. Rivera Schatz anticipó radicará el proyecto que evaluará establecer la propuesta.

En el radar sigue estando la industria hotelera que se opone a toda medida que vaya en detrimento de los casinos ya que las máquinas de entretenimiento suponen una competencia desleal, porque contrario a la rigurosa legislación local y federal de los casinos, estas no son fiscalizadas por el gobierno.

Justo antes de culminar la pasada sesión, el director ejecutivo de la organización de hoteleros, Miguel Vega, denunció que varios legisladores -sin mencionar nombres- intentaban introducir las enmiendas para permitir el pago en efectivo sin realizar vistas públicas, lo que señaló como ‘un ataque a espaldas a la industria de casinos’.

De hecho, señalaron que, con los cambios propuestos, la Legislatura cambiaría el espíritu original del proyecto de busca allegar dinero al gobierno para convertirlo en uno para legalizar las máquinas de entretenimiento para adultos y permitirles a sus operadores que paguen premios en efectivo, lo que cambia la política pública establecida por ley desde el 2014.

‘Las máquinas de este establecimiento son máquinas de entretenimiento para adultos y de ninguna manera están autorizadas a pagar premio alguno… Queda prohibido el operar máquinas de entretenimiento de adultos dentro de las facilidades de tiendas por departamentos, farmacias, panaderías, gasolineras, supermercados, megatiendas, cadenas de tiendas y/o restaurantes, hospitales, oficinas profesionales, y facilidades públicas del Gobierno de Puerto Rico’, establece la ley 77 del 2014.

El tema de las máquinas de entretenimiento para adultos y los juegos de azar se ha convertido en la última década en un tema recurrente, algo así como la mina de oro para buscar dinero adicional que resuelva la precaria situación fiscal del gobierno. Cuando el tema se convierte en un proyecto de ley son varios los sectores que reaparecen en abierto conflicto para defender sus intereses.

‘Hay una lucha intensa de intereses que dependen de que nuestra gente, particularmente nuestros pensionados, jueguen. Llevan 11 años en esto. Es una lucha sin cuartel que olvida los efectos delicados del juego sobre el pueblo, particularmente sobre nuestros envejecientes’, confirmó el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos.

La vídeo lotería lleva cuatro cuatrienios rondando con tentáculos rojos y azules intentando establecer una industria que opere desde el gobierno mientras ahora está la versión ‘criolla’ propuesta por ADOME. Precisamente el pulseo de todos los sectores ha detenido cuatrienio tras cuatrienio la propuesta vídeo lotería en El Capitolio.

Esta iniciativa casi se materializa en la pasada administración hasta que en 2016 fue paralizada por el Tribunal Supremo, hasta tanto evalúe el caso radicado por la Asociación de Hoteles y Turismo. El nuevo juego, se intentó establecer mediante reglamento aprobado por el Departamento de Hacienda.

Se espera este año el más Alto Foro Judicial decida si es válido o no el reglamento que autoriza la video lotería. Fuentes vinculadas a la industria aseguran que sus proponentes, Cage Puerto Rico (una filial en Puerto Rico de Caribbean Cage) prometen a una inyección al gobierno de cerca de $2,000 millones en los primeros dos años. Entre sus cabilderos figuran Andrés Guillemard y Pedro Ortíz Álvarez.

‘Me preocupa grandemente la disposición del proyecto de ley (1142) que dice que el Secretario de Hacienda (Raúl Maldonado) establecerá mediante reglamento, determinación administrativa, carta circular o boletín informativo de carácter general la forma en que se aplicarán las disposiciones la nueva Ley. Eso podría abrir la puerta para que los de la video lotería digan que implícitamente la Legislatura autorizó algo que se ha negado a hacer por 10 años y está ahora mismo ante el Tribunal Supremo. Hay que estar pendientes’, insistió Vega Ramos, ya que se desconoce qué cambios -si alguno- tendrá el proyecto que a partir del lunes discutirá en extraordinaria la Asamblea Legislativa.

La Administración Rosselló Nevares pondera este aumento a las licencias de las máquinas como parte de los $924 millones en nuevos ingresos que dispone el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF). Se estima que el proyecto dejaría $69 millones adicionales durante este año fiscal, por lo que, de su aprobación dependerá que se cumpla con el aumento en recaudos ordenado por la JCF.