Los expresidentes legislativos en la Administración Fortuño, Jennifer González (Cámara de Representantes) y Thomas Rivera Schatz (Senado), se desentendieron del informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico sobre el escandaloso esquema de soborno y favoritismo a un contratista en la Superintendencia del Capitolio.

Según la propia auditoría, al pedirle reacción oficial a los expresidentes, Rivera Schatz dijo que ‘no estima correcto comentar sobre hallazgos de una dependencia que tiene personalidad jurídica propia y autonomía fiscal’, mientras que González ‘no contestó’.

En el informe de auditoría se reveló que un sorprendente 67 % de las cotizaciones que se consideraron en la muestra durante 2010 a 2012, cuando González y Rivera Schatz estaban al frente de la Legislatura, eran falsas y provenían de solo cinco corporaciones.

La auditoría precisó que, como parte del esquema, 19 empleados de la Superintendencia, incluyendo el propio exsuperintendente Eliezer Velázquez, fueron beneficiados económicamente de parte de los contratistas.

En agosto de 2015, el Departamento de Justicia obtuvo causa para juicio por los 73 cargos presentados contra los involucrados, incluyendo el matrimonio de Edil Danois Román y Eliena Cuervo Sierra a cargo de las empresas Restaura Contractor, Inc. y Fasan Construction, Corp, y los funcionaios Jamilette Ramírez Sánchez, Gladys Alberti Torres, Álex E. Martínez Morales, Juan Carlos Acosta Ramírez y Endel Rodríguez Cortés.

Aunque tienen responsabilidad jerárquica y se les pidió formalmente responder por los hallazgos, la adjudicación de responsabilidad en la auditoría sólo cubre al exsuperintendente y no abarca a los expresidentes legislativos que actualmente optan por la reelección para el Senado (Rivera Schatz) y la elección a la Comisaría Residente (González).

Emplazan a Rosselló para sacarlos de la papeleta

A raíz del informe de la Contralora, el representante Popular y candidato a la Cámara, Luis Vega Ramos, acompañado por la candidata a la Cámara por el Distrito 24 de Ponce, Marlese Sifre, exigieron hoy al aspirante a la gobernación, Ricardo Rosselló, que le pida las renuncias a sus respectivas candidaturas a los pasados presidentes de Cámara y Senado, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz, por el desfalco de $2.9 millones al pueblo de Puerto Rico bajo sus incumbencias.

‘Ricky ha dicho que tiene cero tolerancia contra la corrupción y que todos sus compañeros de papeleta le firmaron un papelito jurando que no son corruptos. Aquí tiene dos que le mintieron descaradamente: Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz. Bajo su supervisión de la Superintendencia Capitolina, se montó una conspiración criminal que defraudó al pueblo en $2.9 millone. Ricky pon la acción tras la palabra y reclama la renuncia de Jenniffer González a la candidatura a Washington y la de Rivera Schatz al Senado por acumulación’, reclamó Vega Ramos.

En contestación oficial sobre un informe anterior, el DA-14-06, la ex presidenta González negó responsabilidad por las irregularidades en la Superintendencia alegando que bajo aquel cuatrienio, la misma estaba bajo la supervisión y administración del Senado que presidía Rivera Schatz.

Por su parte la candidata por el Distrito 24, Marlese Sifre, exigió a la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, la destitución inmediata del Administrador de la Ciudad, Eliezer Velázquez Quiles, quien fuera el Superintendente del Capitolio, durante el periodo que comprende el informe.

‘Es una vergüenza que tras la radicación de 73 cargos criminales por corrupción en la Superintendencia del Capitolio y dos informes devastadores de la Contraloría, la Alcaldesa de Ponce no haya despedido o exigido la renuncia de Eliezer Velázquez. De hecho, Mayita se pasea con él como si nada’, dijo Sifre.

El contratista que obtuvo el contrato para la remodelación de las oficinas legislativas a través de cotizaciones, firmas y documentos presuntamente fraudulentos emitió 158 cheques por un total de $137,326 para pagar a empleados de la Superintendencia para realizar gestiones a favor suyo, las que supuestamente fueron irregulares. ‘El contratista acusado, Restaura Contractor, obtuvo contratos en el Municipio de Ponce en el 2013, según aparece registrado en la página de contratos del Contralor por la cantidad de $44 mil dólares’, informó Sifre.

Vega Ramos y Sifre también presentaron evidencia de los registros oficiales del Contralor Electoral que ubican a Edil Danois, uno de los contratistas acusados por el fraude, aportándole miles de dólares a las campañas del 2012 de Jenniffer González, Rivera Schatz y del propio Superintendente Velázquez, que entonces corría para el Senado por el Distrito de Ponce.

El Representante anunció la radicación de una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara contra González. Del mismo modo anticipó que solicitará al presidente de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor, el representante César Hernández, que celebre vistas públicas sobre los dos informes de la Contraloría que versan sobre la corrupción en la Superintendencia del Capitolio. En el caso de Rivera Schatz, anunció que remitirá al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, toda la información para las acciones que él estime pertinentes.

Auditoría sobre Superintendencia del Capitolio – NotiCel_21055