La Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia (DJ) anunció este lunes su victoria en tres querellas presentadas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra catorce corporaciones e individuos dedicados al transporte escolar y de excursiones.
Según sus registros, esta es la primera vez que la OAM obtiene una decisión a su favor por conductas anticompetitivas que restringen el comercio, sin la necesidad de un acuerdo de transacción.
Según informara el Secretario Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del DJ, Lcdo. Jesús M. Alvarado Rivera, ‘los transportistas contra los que se emitió la decisión acordaron controlar y limitar la entrada de nuevos competidores al mercado de la transportación escolar, causando que hubieran menos vehículos disponibles para rendir servicios de transportación. Algunos de ellos acordaron que no añadirían más vehículos a su flota, que reducirían las zonas geográficas que recibirían sus servicios, e incluso llegaron a pactar que no se ofrecerían servicios a ninguna escuela de Puerto Rico, y que no se presentarían ofertas en los procesos de subastas del Departamento de Educación. Evidentemente, el principal interés de estos empresarios era el dinero que podrían cobrar por sus servicios, y no los miles de estudiantes que cada día esperan por una guagua que los lleve a recibir la educación a la que tienen derecho’.
El DACO rechazó la postura de los querellados en la que alegaban que la fijación de precios y la reducción de producción en el mercado de transportación escolar y de excursiones no están sujetas a la legislación que fiscaliza la OAM y que en Puerto Rico no se puede resolver una controversia de libre competencia bajo la regla per se.
Según Alvarado Rivera, la importancia de la resolución emitida por el DACO es que ‘deja claro que el foro estatal, integrado por la OAM, los tribunales y el DACO, están preparados y cuentan con personas competentes para evaluar los casos de violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio’.
Como parte de la resolución, se ordenó a los transportistas cesar y desistir de acordar, fijar, controlar o limitar los servicios de transportación en ningún sector geográfico de Puerto Rico, así como el pago global de una multa de $70,000.
El grupo de transportistas querellados se compone de la Federación de Porteadores Escolares, Inc.; Transporte Rosado, Inc.; Servicios de Transportación Juan Carlos, Inc.; Luisito’s Ómnibus, Inc.; Glenda Bus Line, Inc.; Vázquez Bus Line, Inc.; Néstor González González; José M. Rosado Rolón; Juan Carlos Fuentes; Carlos A. Pérez Justiniano; Evelyn Ramírez Lugo; Luz D. Colón Cintrón; José R. Padilla Padilla; y Félix R. Vázquez Serrano.
La OAM continúa investigando otros incidentes de restricción del mercado de transportación escolar.
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