Días después aparecen los reglamentos que necesitaban.

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced realizó un acto de recaudación en marzo que levantó $25,000 en ‘cash’ entre personas relacionadas al negocio de las tragamonedas, tras lo cual, en medio del cierre de gobierno por la pandemia, la Compañía de Turismo (CT) emitió dos reglamentos que ese sector reclamaba fueran emitidos.

La mandataria, además, es la precandidata a la gobernación del partido mayoritario que más proporción de dinero en efectivo ha recogido para su campaña, con el 55.76% de sus recaudos en efectivo. En la primaria del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, el candidato que más proporción de dinero en efectivo demuestra es el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, quien refleja una proporción en efectivo del 46.92% de sus recaudos.

Los donativos en efectivo son legales, siempre y cuando, como los donativos en cheque, transferencia electrónica o en especie, se identifique a la persona que los hace. La restricción que les aplica es que se obliga a que todo donativo por encima de $50 esté identificado por donante, por lo cual un donativo en efectivo por encima de $50 que no tenga al donante identificado sería ilegal.

Fueron 10 donantes registrados en el “fundraiser” del 11 de marzo, un día antes de declarar la emergencia por la pandemia del COVID-19 y cuatro días antes de la primera orden de encierro por toque de queda. Cada una donó $2,500, para un total de $25,000 en efectivo. Además de Torres Martínez, los donantes fueron: José Rubí Sánchez, Carlos Luis Lebrón Cruz, Ana Irma Bonnet Cedeño, Alice Ríos Santiago, Luis Reyes Resto, Amílcar González Agudo, Mellimar González Agudo, Loyda Ramírez Centeno y Pablo Javier Rivera Corraliza.

Rivera Corraliza y otros donantes están asociados con la Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial, Inc. (EMPRECOM), un grupo de dueños de máquinas de entretenimiento para adultos, o tragamonedas, que lleva años cabildeando, litigando y haciendo donativos políticos con relación a varios aspectos de ese negocio, incluyendo su liberalización y la forma en que el gobierno las regularía. Incluso, tienen pendiente todavía una demanda federal contra el exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, por la confiscación de cientos de máquinas.

Torres Martínez, Rivera Corraliza, Rubí Sánchez, Lebrón Cruz, y Bonnet Cedeño tienen historial de donaciones a políticos de ambos partidos mayoritarios, pero principalmente al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Rivera Corraliza confirmó a NotiCel la realización de la actividad, la entrega de los donativos en efectivo y que allí se le habló a Vázquez Garced de los reglamentos que ese sector reclamaban que se emitieran.

“Se le dijo que el dinero va a ser para los policías, eso se le dijo allí claro… se le dijo ‘mire licenciada, esto es una ley, la ley 257, y este dinero es para la Policía de Puerto Rico’”, indicó en referencia a lo que fue uno de los argumentos que se usó para legalizar la operación de las máquinas, que parte de los recaudos que el Gobierno de Puerto Rico obtenga irían a nutrir un fondo de retiro para la Policía. Rivera Corraliza dijo que la Gobernadora estuvo en la actividad con otras personas de su equipo, pero no los identificó ni ofreció más detalles de a qué acuerdo llegaron con la mandataria sobre los reglamentos. Tampoco detalló cómo fue convocada la actividad de recaudación.

Poco antes del “fundraiser”, en febrero, Rivera Corraliza denunció que había un “detente en la implementación de la Ley 257 y su reglamento”, mientras que Torres Martínez pidió a la Gobernadora en la misma denuncia que “no deje perder nuevamente $40 millones anuales que deben ingresar al fisco, como resultado de las licencias a otorgarse”.

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (bajo la sombrilla operacional de la Compañía de Turismo) abrió a comentario los borradores de los reglamentos “para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta” y “para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta” en diciembre de 2019.

En febrero, sin dar explicaciones, el Senado rechazó los borradores y el trámite quedó en un limbo hasta que el 5 de mayo, después del “fundraiser”, con el gobierno todavía cerrado y en modo de “trabajos esenciales” por la pandemia, que Turismo y la Comisión sometieron los reglamentos finales.

Según Rivera Corraliza, habiéndose registrado los reglamentos, el empuje del sector ahora es para que la Comisión de Juegos les otorgue las licencias que dispone el reglamento para “Dueño Mayorista u Operador de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta”. Y es que el ordenamiento legal con las máquinas dicta un tope de 25,000 máquinas que se van a legalizar, por lo que el resto no serían legales, lo que ha abierto una especie de carrera para conseguir las licencias.

“Este reglamento nosotros entendemos que, de lo malo, está bien”, comentó Rivera Corraliza al recordar que la petición inicial del sector es que la regulación de las máquinas fuera solo mediante una licencia que se pagara al gobierno y ya. Ahora, se emiten licencias para distintos tipos de personas que interactúan con las máquinas y están interconectadas con Turismo (no Hacienda), que las regula bajo la recién creada Comisión de Juegos.

“La Comisión de Juego lo que ha hecho es sentarse ahí y no hacer nada… vamos a esperar lo que va a hacer este señor y le estamos enviando notificaciones a este señor pidiendo los turnos”, dijo Rivera Corraliza en referencia al director ejecutivo de la Comisión, José A. Maymó Azize y en alusión a que los dueños de máquinas quieren estar en récord sobre cuándo fue que hicieron las solicitudes bajo el reglamento para obtener las licencias de manera tal que “no vengan a decir que hay un grupo de por allá que van a ser los primeros”.

En una comunicación el año pasado exponiendo parámetros que se deberían tener en consideración al redactar los reglamentos, la Junta de Control Fiscal alertó sobre el posible efecto de canibalización de recursos que podrían tener las máquinas, al representar apuestas que hoy se hagan en lugares como casinos, y advirtió que, aún con solo 25,000 máquinas legalizadas, Puerto Rico se convertiría en una de las jurisdicciones en Estados Unidos de mayor concentración de tragamonedas con relación al total de la población.

En el caso de la actividad de recaudación que Vázquez Garced hizo el 11 de marzo en la residencia de Jorge Torres Martínez, pasa a ser por lo menos el tercer episodio en el que un grupo de interés consigue una acción de parte del Ejecutivo después de donar dinero a la Gobernadora o dar beneficios a su familia.

Tras el primer evento de recaudación que hizo Vázquez Garced el 30 de enero en Dorado, en el que donaron el productor de cine Luis “Luillo” Ruiz Ruiz y su esposa, la mandataria concedió una reunión al productor con ella y los secretarios de Hacienda y de Desarrollo Económico en los que el productor cabildeó por créditos contributivos.

En una segunda instancia, al esposo de la Gobernadora, el juez Jorge Díaz Reverón, se le entregó un lujoso BMW el día antes de que comenzara el toque de queda, y luego al vendedor del vehículo se le concedió una reunión en La Fortaleza para cabildear a Vázquez Garced por medidas legislativas y del Ejecutivo en beneficio de los concesionarios de autos. Ni el juez ni la Gobernadora han contestado preguntas sobre el trámite con el vehículo.

La campaña de la Gobernadora designó a su tesorero, Carlos Guzmán Peña, para contestar preguntas sobre los donativos de ese evento de recaudación de fondos, pero este se limitó a indicar que “acerca del proceso de aprobación o no de reglamentos no te puedo comentar porque no estoy envuelto en eso… yo no soy empleado gubernamental”.

Para ver el informe de campaña de marzo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pulse aquí.

Para ver el Reglamento 9174 para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, pulse aquí.

Para ver el Reglamento 9175 para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, pulse aquí.