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$330 millones después Administración UPR cambia postura sobre recortes

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Luego de tres años que han redundado en el recorte presupuestario de $330 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente de la institución educativa, el doctor Jorge Haddock Acevedo, clamó por un detente a la Junta de Control Fiscal (JCF) para evitar un “posible” cierre de recintos y garantizar la continuidad de operaciones.

Su pedido surge ante el recorte de $71 millones dispuesto en el Plan Fiscal para el próximo año, lo que elevaría el monto cumulativo de reducciones a $400 millones y por los cuales la comunidad estudiantil decretó una huelga sistémica en el 2017.

Diversos montos de los recortes presupuestarios constan en los diferentes planes fiscales de la UPR desde la instauración de la JCF, siendo el más reciente el documento certificado el 5 de junio de 2019. Desde un inicio, estas reducciones no fueron objetadas por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, pese a los reclamos de la comunidad universitaria. En abril del año en curso, Haddock Acevedo se mostró confiado en que la universidad del Estado prevalecería ante el tijeretazo proyectado, ya que las medidas de ahorros implementadas en la institución educativa habían sido exitosas.

Este, además, ha sido el discurso adoptado por el Presidente de la UPR desde que asumió su cargo en septiembre de 2018, fecha en que dijo que los recortes propuestos “eran manejables”.

Entonces, en el transcurso de un año, “¿qué cambió?”, se le preguntó.

“Demostramos que son manejables, el primer año, no solamente lo manejamos sino que tuvimos unos ahorros e ingresos adicionales de 67 millones de dólares y ya teníamos balanceado el de este año. Poco después de tener este presupuesto balanceado, es donde sorpresivamente nos aumentan, nos duplican la aportación al Retiro de 80 millones a 160 millones de dólares”, señaló Haddock Acevedo a preguntas de NotiCel.

El catedrático hacía referencia a que la JCF solicitó a la institución que aumentara este año su aportación al Sistema de Retiro a $160 millones. Para lograrlo, esto conllevaría la entrega adicional de $80 millones que, según Haddock Acevedo, no estaban presupuestados.

De acuerdo a la entidad financiera, esto abonaría a la solvencia del Sistema, del cual participan alrededor de 20,000 personas, entre empleados docentes y no docentes.

“En el mismo escrito, ellos admiten que eso pone a la Universidad de Puerto Rico en negativo, en un déficit. En este caso, si tenemos un déficit acabando de manejar 87 millones de recortes, más el año que viene hay 71 millones de recortes más otros 20 millones de dólares adicionales de Retiro, pues en ese momento me cambian la forma, me cambian el escenario, no es manejable. Ahí es donde yo digo que ellos mismos me están acorralando y dicen, y estoy parafraseando, que ‘entendemos que están en déficit, pero para compensar por el déficit pueden cerrar recintos, pueden despedir profesores, que siempre habían dicho que querían apoyarnos en aumentar la plantilla, o aumentar el costo de la matrícula”, explicó Haddock Acevedo, antes de añadir que esas opciones no están sobre la mesa y que, por otro lado, ha visto resultados positivos en la búsqueda de fuentes alternas de ingreso. 

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En el Plan Fiscal más reciente, la JCF aludió a que la UPR contaba con $150 millones en fondos irrestrictos que asumían estaban disponibles para cubrir “déficits operacionales modestos, incluyendo aquellos creados para cumplir con los aumentos en las obligaciones de pensión en los primeros años del plan fiscal” y aún tener un sobrante para cubrir otros déficits inesperados, como aquellos ocasionados por la baja repentina de estudiantes matriculados.

Haddock Acevedo indicó que la institución contaba con 52,000 estudiantes matriculados, tanto subgraduados como graduados, cifra por encima de la proyectada. Sin embargo, de acuerdo al plan fiscal, esa cifra debería estar en 55,002. La cantidad actual de estudiantes solo sobrepasa los estimados pensados para el año fiscal 2021, en el cual se espera una baja aún mayor, producto de la migración y la situación económica.

En el documento, la JCF advirtió que “debido a los recursos limitados de ingresos de la UPR y sus deseos de evitar recortes a funciones académicas o cierre de recintos, el cumplimiento de estas medidas es requerido para que la UPR siga encaminada al balance operacional”.

En febrero, mediante una carta, Haddock Acevedo anunció que la discusión en torno a la conglomeración de los distintos recintos, también incluida en el plan fiscal, había sido pospuesta hasta que culminara el proceso de acreditación de la Middle States Commission of Higher Education (MSCHE). En ese momento, los 11 recintos y unidades de la UPR debían justificar por qué no se les debía remover su acreditación, cosa que lograron en el verano.

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La propuesta, hasta ese momento, consistía en mantener los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas, y que las otras ocho unidades se conglomeraran en dos agrupaciones, para ahorrar en gastos administrativos y no acarrear un impacto académico. La conversación sobre el asunto no volvió a relucir hasta que el jueves, antes de entrar a una reunión en La Fortaleza, y el viernes en una entrevista radial, Haddock Acevedo abordara la “posibilidad” del cierre de unidades.

“Es muy lamentable que entre los ajustes delineados se contemple prioritario el cierre de recintos, y no las consolidaciones administrativas (que han sido objeto de repetida evaluación), ni la disminución de los exorbitantes sueldos de quienes se supone que administren el Sistema UPR. Entendemos que el futuro de nuestro país recae en manos de los once recintos de la UPR, pues cada recinto es de suma importancia para el desarrollo socioeconómico sustentable de nuestra Isla”, lamentó Marina T. Rodríguez Seguí, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la UPR.

En la pasada semana, estudiantes del recinto riopedrense aludieron a los recortes presupuestarios durante una asamblea, a lo que propusieron manifestaciones y requerimientos de información a la administración.

NotiCel preguntó a la MSCHE sobre el futuro de la acreditación en caso de que, en efecto, se cerraran recintos, a lo que la agencia indicó que todas las conversaciones con las instituciones son confidenciales.

El cambio de postura de Haddock Acevedo lo alinea, aunque años después, con los reclamos del resto de la comunidad universitaria, a quienes les pidió unión y apoyo para combatir los recortes.


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