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"Carpeteo" para dar con estudiantes acusados de irrumpir reunión de la UPR

Una vista en alzada ha retrasado los procesos.

A un año de los hechos, el caso contra los siete estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) señalados por irrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la institución educativa continúa en los tribunales con una defensa firme en la postura de persecución ideológica contra los jóvenes y un Ministerio enfrentando “problemas de logística”.

Los hechos se remontan al 27 de abril de 2017 cuando más de una veintena de alumnos interrumpieron el cónclave del ente rector, celebrado en el Jardín Botánico de Río Piedras, a modo de protestar los recortes presupuestarios para la universidad del estado. 

Aunque se trataba de una multitud, según las grabaciones del incidente, solo siete —que también son líderes estudiantiles— son encausados.

“Lo que denota es que el Ministerio público lo que ha hecho es selectivamente escoger a quienes van a acusar para crear lo que se conoce como un ‘chilling effect', que es el efecto de acallar esas voces, esa disidencia, que es un derecho que en toda democracia tenemos todos”, expresó el abogado Oscar Martínez Borrás al salir del encuentro más reciente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El licenciado representa a Gabriel Díaz Rivera, sobre quien pesa un cargo de restricción a la libertad agravado.

De acuerdo al abogado, la persecución selectiva fue demostrada en el testimonio de un testigo de Fiscalía que representa a la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia.

“Específicamente en el testimonio del agente Lasalle surge que aquí se utilizaron unos métodos investigativos bien parecidos a lo que eran las carpetas, que fueron vedadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero utilizando la tecnología de hoy en día: Facebook, las redes sociales”, explicó Martínez Borrás.

“Se hicieron unas órdenes de registro y allanamiento para entrar en la privacidad y la intimidad de miles de puertorriqueños con el único fin de poder encausar a estos jóvenes por meramente ejercer su derecho a la libre expresión”, insistió el licenciado a su salida de sala.

Martínez Borrás subrayó el hecho de que los estudiantes que enfrentan juicio son líderes estudiantiles del Recinto de Río Piedras de la UPR. Entre ellos, se encuentran: Francisco A. Santiago Cintrón, quien se le encontró causa por violación al Artículo 156 (restricción a la libertad agravado); Randiel Negrón Torres, por violentar el Artículo 156 y el 245 (violencia e intimidación contra la autoridad pública); y a Thaliangelly Torres González y Verónica del C. Figueroa Huertas, por ambos artículos.En la citación del martes en la mañana, quedó sobre el tintero la vista preliminar en alzada contra Alexa Paola Figueroa Carrasquillo y Juan C. Collazo Vázquez. El ministerio público busca imputarle cargos de daño agravado y motín.

Hasta que no se esclarezca ese asunto, según el fiscal Ángel García Rodríguez, los otros cinco casos se mantendrían paralizados.

“Hasta que no se resuelva lo de la alzada, lo demás no puede seguir. No obstante, los abogados están haciendo un planteamiento de que los casos corren independientes, nosotros estamos planteando de que no, de que una vez se solicita la alzada esos términos se paralizan y pues, eso es lo que está resolviendo el Tribunal”, afirmó García Rodríguez.

A estos fines, la próxima vista está pautada para principios de noviembre.

Por lo pronto, el fiscal Ángel García Rodríguez tiene a su haber la entrega de copias de la prueba a los abogados de los estudiantes, para lo que tienen fijada una reunión el 23 de octubre. 

Inicialmente se suponía que el Ministerio facilitara la información en una fecha previa, pero García Rodríguez solicitó una extensión del término en la sala ante la jueza Eloína Torres Cancel.

Del mismo modo, Fiscalía no estaba preparada al momento para continuar con el caso por un “problema de logística” con los testigos, según declaraciones a NotiCel.

De acuerdo a García Rodríguez, entre los 25 testigos se encuentran exintegrantes de la Junta de Gobierno de la UPR que, como ya no laboran en la institución pública, “pues hemos tenido problemas en rastrearlos y localizarlos”.

De la extensa lista, el fiscal no prevé llevarlos a todos al estrado, sin embargo, tomará la decisión de acuerdo al desarrollo de la prueba. Cuestionado sobre la fortaleza de su caso contra los estudiantes, aseguró que desde el principio del proceso ha contado con los recursos suficientes para probar la culpabilidad, pero los jueces que le han tocado no lo han visto de la misma manera.

"Siempre lo hemos tenido, lo que pasa es que los jueces que han atendido el caso en estos momentos no han opinado de la misma forma, pero conforme disponen las reglas, tenemos derecho entonces a planteárselo a otro juez para que lo determine”, insistió García Rodríguez en referencia a la vista en alzada.

Para el tiempo de los hechos, la presidencia de la UPR era ocupada por la doctora Nivia Fernández Hernández, a quien los estudiantes exigieron la firma de una serie de reclamos que incluyeron el compromiso a evitar los recortes presupuestarios a la institución y las sanciones a los estudiantes en protesta.

Los demás miembros de la Junta de Gobierno también firmaron el documento.


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