La administración del Gobernador Luis Fortuño no tiene idea de como habrán de funcionar las nuevas dependencias creadas por él mismo para mantener empleados a los funcionarios que fueron movidos de sus cargos.

Tras el anuncio de la creación de los nuevos cargos de Inspector General y Secretaria Auxiliar para Asuntos Gubernamentales y Federales nadie en la administración del Gobernador Luis Fortuño parece tener una idea mínima de cuál será la estructura bajo la que se desempeñarán, o cuánto habrán de costar, las oficinas de los nuevos funcionarios.

El pasado viernes Fortuño hizo el esperado anuncio de los cambios en su gabinete, los cuales afectaron a su ahora ex Secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, y la también ex directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Brás. Ambos funcionarios fueron nombrados a ocupar la las posiciones de Inspector General y Secretaria Auxiliar, respectivamente.

El mismo día Fortuño también anunció el nombramiento de los sucesores a los puestos que dejan vacantes Puig y Sánchez Brás. El nuevo secretario de Hacienda lo será Jesús Méndez, y la nueva directora de OGP será Maritza Garay.

Presumiblemente, y a la luz de la celeridad de los cambios anunciados, las estructuras administrativas de las nuevas dependencias ya debían estar en posición y listas para que los recién nombrados incumbentes inicien sus labores. Pero ese no es el caso.

Ni siquiera en la OGP, la oficina encargada de la gerencia y el presupuesto del gobierno, la nueva directora sabe los detalles operacionales de las nuevas oficinas.

Garay, hasta la semana pasada subdirectora de la agencia, informó a NotiCel a través de su portavoz de prensa que aun no tiene conocimiento de las estructuras que tendrán las nuevas dependencias, sus costos o las fuentes de financiamientos que tendrán.

La portavoz Maricarmen Pagán informó además que esta semana Garay se estaría reuniendo con Puig y Sánchez Brás para dilucidar esos detalles.

Aún cuando durante el anuncio de los cambios Fortuño proyectó los mismos como ascensos en las posiciones de cada funcionario, lo cierto es que Puig ha sido removido de un puesto en el gabinete constitucional del Gobernador para ocupar una oficina adscrita al Departamento de Justicia. Mientras que en el caso de Sánchez Brás, ésta pasa de dirigir una de las principales agencias en la Isla para integrarse al cuerpo de asesores del Gobernador.

La posición de Inspector General es una regular en las dependencias del gobierno de Estados Unidos y sus funciones son en términos generales las de servir como auditor interno. En el caso de Puerto Rico, aun cuando Puig se desempeñará como Inspector General de Puerto Rico, ni Fortuño, ni ninguno de sus funcionarios ha explicado el alcance de sus funciones.

La Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo III la creación de la figura del Contralor y señala que éste "fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades, y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley".

Hasta la fecha no se han delimitado las funciones del nuevo Inspector General y si éste, aun operando desde el Departamento de Justicia, servirá de apoyo a las gestiones de la Oficina del Contralor, desde donde usualmente se refieren los casos de violaciones de ley en las agencias de gobierno.

Tampoco está claro si el Inspector General responderá a la autoridad del Secretario de Justicia, a la de la Contralora o a la del propio Gobernador de Puerto Rico.

A pesar de múltiples intentos para comunicarnos con el Secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Emma, éste no estuvo disponible para comentar sobre el particular.