Representantes de la compañía American Family Life Assurance Company (AFLAC), la supuesta víctima del esquema de fraude develado por las autoridades federales hoy, dijeron que no recuerdan haber protagonizado una investigación tan grande como la que involucra a 533 personas en la Isla y Estados Unidos a los que se le presentaron 709 cargos por un fraude de casi $7 millones.

"Nadie puede recordar una investigación de este tamaño", comentó a NotiCel la portavoz de AFLAC, Laura Kane, a la vez que declaró que fue una investigación "larga, que requirió paciencia, cooperación, y discreción para maximizar sus resultados".

Según la acusación federal, el doctor Ubaldo Planell Pabón, con oficinas en Lares, es el eje de 312 conspiraciones distintas que seguían un libreto similar: asegurados de AFLAC usaban sus números de seguro social, o los de sus hijos o dependientes, para hacer reclamaciones por condiciones médicas que no existían. El doctor cobraba entre $10 y $20 por firmar cada reclamación, sin nunca haber realizado un examen médico de los reclamantes, y los reclamantes obtenían un pago de la aseguradora sin merecerlo. La machina de reclamaciones falsas, que operó entre 2004 y 2008, provocó que la aseguradora desembolsara $6,926,374 mediante aproximadamente 45,000 reclamaciones falsas.

Según el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), un fax de la alcaldía de Lares se usó para tramitar parte de las reclamaciones falsas. De hecho, 70 de los 340 empleados del ayuntamiento están involucrados.

El procesamiento de los acusados durará varios días e incluye a acusados fuera de Puerto Rico.

Entre los acusados figuran 126 empleados públicos, incluyendo el ex presidente de la Juventud Estatal del Partido Nuevo Progresista (PNP), y director regional de Arecibo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Abid Quiñones Irizarry, su madre, y su esposa, quien figuraba como empleada del Presidente del Senado. Los imputados enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión y multas ascendentes a un cuarto de millón de dólares.

El jefe del FBI, Luis Fraticelli, subrayó que la investigación resultó en la acusación más grande que han hecho las autoridades federales en la Isla, con 126 empleados públicos, del gobierno central y municipal.

Explicó que fueron detenidos empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de Energía Eléctrica, Comisión Estatal de Elecciones, Departamento de Agricultura, Parques Nacionales, Obras Públicas, Departamento de Corrección, Bomberos, uno del Senado, y 70 empleados municipales, 34 de ellos de Lares que se apropiaron de más de un millón de dólares, para lo que usaron la alcaldía y mensajeros de ese municipio.

Dijo que también se detuvo a un pastor, un dentista, un asistente dental, un agrónomo y agentes de bienes raíces y dos representantes de la propia AFLAC, para totalizar la detención de 271 hombres y 262 mujeres, incluso 19 acusados en los estados de Florida, Wisconsin, Penssylvania, Massachusetts, Connecticut, entre otros.

Fraticelli dijo además que entre los arrestados en los municipios de Bayamón, Toa Baja, Ciales, Utuado, Quebradillas, Adjuntas, Isabela, Camuy, Hatillo, Arecibo, Las Marías, San Sebastián y 441 en Lares; hay 233 parejas, 133 de las cuales tenían hijos en sus residencias.

Sostuvo que a algunos de los acusados en cuyas casas hay niños se les permitió que se entregaran voluntariamente debido a que sus padres fueron arrestados.

Comentó que un gran número de los imputados argumentaron que sufrieron daños, ofreciendo un mal ejemplo a sus hijos, y muchos señalaron que se quemaron el paladar comiendo pizza, y otro al pisar carbón de una barbacoa en una playa, lo que alegó en varias ocasiones.

Por su parte, el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, dijo que los 12 policías y la empleada civil arrestados nuevamente defraudan a la agencia y adelantó que serán suspendidos de empleo y sueldo.