La gestión administrativa del controvertible zar de los fondos en el Departamento de Educación (DE), Alberto Velázquez Piñol, queda en entredicho en dos informes federales que critican el sistema de contratación de la agencia y su manejo de los $1,300 millones en fondos ARRA.

En el caso de los contratos, los inspectores de Educación federal los llaman un "vehículo de alto riesgo" con deficiencias como falta de documentación, falta de reglas para otorgarlos, pagos por encima de lo que disponen, vulnerabilidad a que los suplidores presionen a los empleados que manejan los pagos, pagos sin contrato, y discrepancia multimillonaria entre los pagos que refleja un sistema y los que reflejan otros.

En el caso del informe sobre manejo de fondos de estímulo federal, conocidos como ARRA y reseñado por El Nuevo Día, el DE y la Oficina del Gobernador recibieron elogios por haber instalado sistemas de monitoreo, pero se colgaron en la implantación de esa fiscalización y pusieron en efecto medidas sospechosas. Por ejemplo, resaltaron los inspectores y produjeron material en el que se instaba a reportar las sospechas de fraude a la Oficina del Gobernador, en vez de a los propios inspectores federales que son entes independientes.

"Consideramos los contratos por servicios profesionales un vehículo de alto riesgo. La cantidad y sustancialidad de las deficiencias que encontramos en nuestra muestra de 61 contratos son una preocupación considerable y resultan de una ausencia significativa de controles y sistemas de responsabilidad. Como tal, no tenemos seguridad de que los contratos que no están en la muestra, y que suman $161 millones, están en cumplimiento con las leyes estatales y federales o que estuvieran justificados y documentados", señalan los inspectores en su informe del 24 de enero sobre los contratos.

Las deficiencias incluyen pagos antes de que los contratos fueran aprobados, pagos en exceso de la compensación pactada, pagos por errores en la escala de compensación, contratos cambiados para favorecer al contratista sin que se pueda identificar quién los cambió, y una discrepancia de $15 millones entre los pagos registrados en un sistema y los registrados en otro referentes al mismo contrato. Los contratos fueron otorgados entre 2006 y 2008, pero los inspectores anotan que la actual administración todavía no ha subsanado las deficiencias.

En el informe de los fondos ARRA, los señalamientos son al DE, pero también a La Fortaleza y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

"A pesar de los esfuerzos positivos" de estas entidades, los inspectores encontraron que todavía no hay controles suficientes sobre el manejo del efectivo, el monitoreo del uso de fondos, el proceso de contratación, documentación de pagos, y manejo de información que no permite identificar a tiempo el fraude. Subrayan que los esfuerzos no han sido suficientes para cumplir con las exigencias de un acuerdo con Educación federal de 2007 y que, en ocasiones, han prometido que van a tomar medidas y no lo han hecho.

Destacaron que cuatro solicitudes de desembolso de ARRA que hizo la Universidad de Puerto Rico no tenían evidencia de su uso y que la oficina de monitores de fondos había tenido reducción de personal y no había recuperado todavía los niveles adecuados de trabajadores. También, que la concentración de funciones en los oficiales compradores "los coloca en riesgo de recibir potencialmente presiones indebidas de suplidores para acelerar sus pagos por encima de los de otros suplidores".

Velázquez ganó notoriedad cuando se precisó que era la persona de confianza del Gobernador en el DE, con salario de $150,000 y viajes semanales pagos a Estados Unidos, a pesar de que salió de su empleo anterior, Casiano Communications, bajo imputaciones legales de fraude y mal manejo administrativo.