La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) investiga el trámite del expediente confidencial del caso de violencia doméstica del representante popular Luis Raúl Torres.

La pesquisa surge tras el legislador solicitar por escrito a la OAT que investigue cómo se filtró el expediente del incidente en el que, hace 19 años, agredió a su entonces esposa.

'Nos solicitó una investigación relacionada al trámite del expediente confidencial de un caso que enfrentó en el 1993 y que, según informes de prensa, detalles del mismo trascendieron a la luz pública', expresó la directora administrativa de la OAT, la jueza Sonia Ivette Vélez Colón.

'Dicho expediente, por orden del Tribunal, está catalogado como confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado a terceros, a menos que medie una orden del propio Tribunal. Es por ello que debemos investigar para conocer si en efecto la confidencialidad de dicho expediente fue violentada', añadió en un comunicado.

Vélez Colón explicó que en determinados casos la Ley provee para que los expedientes se mantengan confidenciales y mencionó como ejemplo cuando una persona es sentenciada a cumplir unos requisitos como parte de un programa de desvío y logra probar al tribunal que se ha rehabilitado.

'La confidencialidad de esos expedientes es parte de los acuerdos del proceso de rehabilitación y somos muy celosos en salvaguardarla. Es por ello que entendemos que se trata de una situación seria, que estamos atendiendo con la premura que amerita', manifestó.

El lunes, el diario Primera Hora publicó que, el 6 de julio de 1993, Torres fue arrestado luego que la mujer con la que convivía radicara una querella (1993-1-282-09182) en el precinto 282 de San Juan, alegando que éste había utilizado 'fuerza física' para agredirla hasta dejarla con 'hematomas en el rostro y en el cuerpo'. Según consta en la querella, luego trascendió que existía un patrón de violencia contra la víctima, quien tenía 42 años al momento de la agresión.

Luego de evaluar la prueba, el Ministerio Público procedió a radicarle cargos criminales a Torres por violación al Artículo 3.2 (maltrato agravado) de la Ley 54 de Violencia Doméstica ante la jueza Awilda Mejías Ríos, del distrito de San Juan. Se encontró causa y Torres Cruz pagó una fianza de $50, según consta en la querella original de la Policía.

Posteriormente, el caso pasó a la sala 1102 del Tribunal Superior de Hato Rey, donde tras admitir que incurrió en maltrato conyugal, el acusado fue referido a participar de un programa de rehabilitación por la jueza Ygrí Rivera Sánchez, quien actualmente se desempeña como presidenta de la Junta de Síndicos de Universidad de Puerto Rico. El otro juez que participó en el caso fue el actual analista político Ferdinand Mercado, según él mismo indicó en su programa de radio.

Según el diario, el expediente judicial de su caso, con número KLE1993G0426, permanece bajo clasificación confidencial, lo que permitió a Torres escalar posiciones políticas sin que este hecho saliera a la luz pública.