El grupo de abogados y abogadas que impulsa el movimiento para que sus colegas se desvinculen de un pleito de clase que le podría costar el edificio sede al Colegio de Abogados afirmó hoy que retará la orden del juez federal José A. Fusté de retirar la página cibernética 'yonosoydelaclase.com'.

'Ante la información publicada a los efectos de que el juez federal José A. Fusté le ha ordenado al Colegio de Abogados que retire el portal 'yonosoydelaclase.com', queremos reiterar que dicha página no pertenece a, ni ha sido autorizada por, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, quien no es responsable de su contenido ni mantenimiento', señala en un comunicado el portavoz del grupo, el legislador Luis Vega Ramos.

'Esta página es producto de la iniciativa de un grupo de abogados y abogadas, de diversas ideologías, actuando en nuestro carácter individual, y constituye un legítimo ejercicio de nuestros derechos de libertad de expresión y asociación. Por ello, hemos decido que no habremos de bajarla de la red', añadió.

El grupo también está conformado por la ex senadora independentista María de Lourdes Santiago, el alcalde nuevoprogresista Aníbal Vega Borges, el representante cameral Charlie Hernández,y el abogado laboral Alejandro Torres Rivera., entre muchos otros.

El propósito de la campaña es un hacer un llamado a sus compañeros de profesión para que firmen un pedido de exclusión en el caso de Brown v. Colegio de Abogados y lo envíen al administrador del pleito de clase antes del 26 de febrero. De esta manera, se reduciría el monto de la sentencia impuesta contra el Colegio, que puede ascender a 4.1 millones de dólares.

'El Tribunal Federal no tiene autoridad o jurisdicción sobre nosotros para ordenarnos silencio o que bajemos el portal de la red. Ambas acciones están garantizadas por nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión y de asociación', insistió Vega Ramos.

Añadió que el Colegio de Abogados es una institución fundamental en la lucha del pueblo por una sociedad más justa, por lo que hay que defenderla de lo que llamaron ''este nuevo intento de destruirla sin preocupación por consideraciones individuales'.

Aprovechó para convocar a los abogados y al pueblo en general a reunirse mañana, a las 8 am frente al Centro Judicial de San Juan, para repartir copias del formulario de exclusión que deben firmar los togados.

Multa de $10,000 al Colegio de AbogadosMientras, el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, deberá pagar hoy una multa de $10,000 que le impuso ayerFusté al encontrarlo incurso en desacato por violar una orden que le prohíbe hacer declaraciones sobreel pleito presentado por 14 letrados que reclaman que esa institución no estaba autorizada a exigir el pago de un seguro de vida en su cuota.

Toledo tiene hasta las 5:00 de esta tarde para pagar la multa. Si no lo hace, será arrestado, advirtió Fusté, quien dejó claro que si Toledo o algún directivo del Colegio vuelve a violar la orden protectora, impondrá una sanción más alta y ordenará su encarcelación hasta el 26 de febrero, fecha límite para que se conozca qué abogados permanecerán o no en el pleito, publica el diario El Vocero.

'Parece mentira que abogados violen la ley y no respeten la orden de un tribunal', expresó el juez sobre una entrevista en tornoal pleito que el líder de los togados otorgó a una emisora radial.

'Lo que dijo Toledo en (la emisora Radio Isla) 1320 era una cantinflada. No tenía ni pie ni cabeza', opinó sobre la crítica que hizo el Presidente del Colegio a que Fusté sea la persona que preside el pleito Brown vs. Colegio de Abogados.

Inicialmente, este caso era presidido por el juez Jaime Pieras, quien impuso al Colegio el pago por concepto de devolución del seguro entre los años 2002 a 2006.

En septiembre pasado, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito validó la decisión de Pieras, quien había ordenado al Colegio pagar $4.1 millones al grupo de abogados demandantes que reclamaba que la entidad no estaba autorizada para exigir el pago del seguro de vida en su cuota.

En su fallo, Pieras sostuvo que el Colegio había sido negligente al no indicarles a sus socios que esa porción de la cuota no era obligatoria y que esa institución no tenía potestad para cobrar ese dinero para el seguro.