El convicto ex senador Jorge de Castro Font será traído a la isla esta semana para estar disponible para declarar en el caso federal por corrupción que comenzó hoy contra el legislador Héctor Martínez.

Luis Abreu, uno de los abogados de De Castro Font, dijo no obstante que el testimonio de De Castro Font 'no es esencial' para que el ministerio público federal pruebe su caso contra Martínez.

'Todo lo que él declaró la fiscalía lo corroboró por otros medios, pero él está bien y está deseoso de declarar en todos los casos en los que está cooperando, en el que se está procesando y los demás', dijo Abreu a NotiCel.

'Los fiscales han indicado que él va a estar presente, y el juez (Francisco Besosa) emitió una orden de que, si no lo utilizan, lo pondrán a disposición de los abogados de defensa', añadió.

El licenciado se mostró preocupado de que el juez Besosa aproveche la llegada de De Castro Font para sentenciarlo por su convicción en momentos en que el ex senador no ha completado su proceso de cooperación con la fiscalía federal, lo que aseguró es contrario a la práctica.

'Cuando una persona es testigo de fiscalía, la práctica es no sentenciarlo hasta que no termine toda su cooperación porque en estos casos se acuerda pedir una rebaja de sentencia que puede ir hasta cero dependiendo cuán honesta y sincera es la declaración. La evaluación tiene que darse después que termine la cooperación porque de eso depende cuánto el fiscal pediría que se reduzca la sentencia', dijo.

De acuerdo con Abreu, el juez Besosa también se molestó por la demanda que presentó De Castro Font para que se investiguen a tres emisarios del gobernador Fortuño que visitaron a su abogada defensora, Lydia Lizarríbar, tras las elecciones de 2008 y le dijeron que no le radicarían cargos locales por corrupción si renunciaba a su escaño y si mantenía silencio sobre actos relacionados a cualquier miembro del Partido Nuevo Progresista.

'Este juez aparentemente molesto con que haya violado la orden de fianza y que se haya pedido que se investigue al amigo del juez, el gobernador Luis Fortuño, ha manifestado su intención de sentenciarlo inmediatamente que llegue, lo que no sería buena idea porque eso va en contra de lo que es la práctica', insistió.

El propio De Castro preparó la demanda desde el Centro Médico federal Devens, en Massachusetts, donde recibe tratamiento y desde donde vendría a la Isla para intervenir como testigo de los fiscales federales en el caso contra el senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo la semana que viene.

Según las alegaciones de De Castro, los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, así como el fiscal de Justicia federal que lleva el caso contra Martínez, conocen de estos hechos que involucran a Lizarríbar.

La querella es contra el Gobernador y sus tres supuestos emisarios, quienes no están nombrados en el pliego, pero a quienes se les imputa haber visitado a Lizarríbar a su casa 'en o alrededor de noviembre de 2008 durante las elecciones generales de Puerto Rico' para llevarle un mensaje de Fortuño. Una de las figuras novoprogresistas que visitó a De Castro, y así fue reportado en ese momento, fue el entonces comisionado electoral, y actual contratista, Edwin Mundo. Además, el abogado de De Castro para su caso de divorcio, Luis Abreu Elías, había dicho a Radio Isla el 2 de febrero que el ex secretario de la gobernación, y primo de De Castro, Álvaro Cifuentes, y el ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía, fueron otros dos emisarios. Sagardía negó esto.

'El mensaje era una solicitud sencilla, y una amenaza de procesamiento criminal si De Castro no cumplía con la solicitud. Estos tres demandados, actuando como agentes del Gobernador electo, le dijeron a la licenciada Lizarríbar que el Gobernador y su recién electo partido político, no procurarían la radicación de cargos criminales en los tribunales estatales una vez tomaran el poder bajo las siguientes condiciones: 1) el Sr. De Castro acuerda renunciar a su recién ganado escaño en el Senado, y 2) acuerda no implicar a ninguno de los miembros del recién electo partido en los crímenes federales por los cuales estaba bajo fianza ni decir nada que pudiera implicar a los miembros del partido recién electo en cualquier investigación criminal', indica el ex senador en la demanda.

De Castro, representándose a sí mismo, argumentó en el pliego con fecha del 3 de febrero que estos hechos son constitutivos de violación de derechos civiles, de conspiración para obstruir a la justicia, y de manipulación de testigos federales. Pidió al juez Salvador E. Casellas que ordene a Lizarríbar a divulgar las identidades de los emisarios y que refiera a los demandados a investigación criminal.

El mensaje de los emisarios lo recibió Lizarríbar en su casa de Ocean Park, y lo transmitió a su cliente cerca de Acción de Gracias. En ese momento, De Castro le ripostó 'que se vayan al infierno, lo que están pidiendo no es negociable'. Lizarríbar no le divulgó las identidades de los emisarios. Una semana después de que se le revocara la fianza en diciembre, Lizarríbar le dijo que los emisarios volvieron a repetir la oferta, él volvió a rechazarla, y ella volvió a negarse a identificarlos.

Durante las negociaciones con los federales en enero de 2009, De Castro le comunicó sobre estos intercambios a los fiscales Tim Henwood y Jacqueline Novas, así como a agentes del FBI identificados como Lorna, Jonathan, Christopher Starlet, y Rubén Marchand.

El 16 de febrero de 2010, el fiscal de Justicia federal en Washington, Peter Koski, recibió a De Castro en Las Vegas como parte de las comparecencias a Gran Jurado que realizó en ese distrito, y también le comunicó estos intercambios. A los fiscales y agentes de Puerto Rico se lo volvió a comunicar en abril y septiembre de 2010 como parte de una segunda investigación en la que estaba cooperando y sobre la cual no da detalles