A cinco meses del inicio de Mi Salud, la compañía única contratada por el Gobierno para administrar los servicios de salud mental del programa, APS Healthcare, no ha provisto el directorio de los proveedores que tiene contratados para servir a los 1.5 millones de beneficiarios cubiertos. La falta dificulta el acceso de los pacientes más pobres y representa un incumplimiento con su millonario contrato que requiere que se le entregue una copia a cada suscriptor así como la disponibilidad del mismo tanto en las oficinas como en el internet.

Así se desprende de un intercambio de misivas enviadas la semana pasada por la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental (NAMI, en inglés), Silvia Arias, al director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Frank Díaz Ginés, y a su personal obtenidas por NotiCel, en la que la defensora de los pacientes reclama haber realizado numerosas gestiones infructuosas con APS.

'(En NAMI) utilizamos los directorios de proveedores para orientar a las personas que buscan alternativas para iniciar o seguir sus tratamientos y procesos de recuperación/rehabilitación en salud mental. También nos interesa conocer con certeza cuántos profesionales de cada disciplina, farmacias, laboratorios, hospitales, están contratados por la única compañía responsable por los servicios de salud mental del plan de salud del gobierno en todo el país', afirma Arias en su misiva donde además señala la violación contractual a las disposiciones 6.6.2 y 6.6.3 de su contrato que requiere que la empresa publique un directorio con información detallada de todos los profesionales de la salud mental que aceptan y que no aceptan Mi Salud en su sitio web, lo cual no existe.

Asimismo, Arias denunció que la página web es de 'difícil navegación para el suscriptor promedio', y más aún para los pacientes mentales, la mayoría de los cuales no tienen las destrezas, ni el acceso a la internet para poder acceder a la misma.

'Todo lo anterior dificulta que los beneficiarios de Mi Salud puedan ejercer su derecho de libre selección entre los proveedores contratados por APS para los servicios de salud mental', sentencia.

Finalmente ASES, no APS, proveyó a NAMI un directorio el jueves, pero el mismo está incompleto ya que no tiene el listado de laboratorios, médicos certificados para administrar buprenorfina, consejeros en adicción, ambulancias y otros servicios de apoyo que deben de estar disponibles, denunció Arias y recalcó que el listado no está disponible para los pacientes.

De esta manera, APS se une a sus contrapartes en el área de salud física de Mi Salud, MCS y Humana, que ya han sido multados por ASES por presuntas violaciones a sus condiciones contractuales con el Gobierno. Ambas empresas han reconocido que aún no han logrado contratar la cantidad requerida de hospitales y especialistas para servir a sus respectivas regiones. APS no lo ha reconocido, pero la última vez que proveyó un directorio en noviembre estaba en incumplimiento con los requerimientos, denunció en aquel entonces NAMI.

Otras denuncias en salud mental han girado en torno ala falta de contratación de hospitales psiquiátricos y las largas esperas por citas con un psiquiatra y a la renuencia a hospitalizar pacientes.

En el primer caso, una de las cartas Arias expresa consternación porque los hospitales Capestrano, Panamericano y Fernandez Marina -único hospital psiquiátrico terciario e la Isla- no tienen contrato. En cuanto al segundo, la activista explicó en entrevista que las esperas por una primera cita rondan las tres semanas, cuando el contrato requiere 5 días, y por la segunda cita se extiende por 3 o 4 meses. Según dijo, un paciente estable debe de ver a su médico por lo menos una vez al mes y en crisis a veces la necesidad es de varias veces en semana.

Abordado el miércoles pasado sobre el tema de los incumplimientos en las contrataciones en el área de salud física, el jefe de ASES le restó importancia al asunto e indicó que los servicios se estaban dando bajo las cláusulas contractuales de los contratos anteriores. Asimismo aclaró que las multas impuestas por ASES hasta el momento no son por no tener contratadas las cantidades requeridas de proveedores, sino por otras violaciones como ofrecer información falsa a ASES en el caso de MCS.

Cuando se le preguntó por qué no tomaban acción por las deficiencias en la contratación de servicios, Díaz dijo que la agencia está sirviendo de facilitadora en el proceso para que los contratos se logren y que Mi Salud implica cambios grandes que hacen que el mismo sea difícil.

En Puerto Rico se estima que hay alrededor de 700,000 de personas con algún trastorno de salud mental y de 400,000 a 500,000 de ellos son beneficiarios del plan de salud del Gobierno. De éstos, solo 140,000 reciben servicios