El hasta entonces alcalde de Vega Baja, Edgar Santana, al igual que varios funcionarios municipales, ha sido demandado recientemente por un grupo de empleados que les reclaman violaciones a varios de sus derechos, exigiéndoles una indemnización millonaria por daños y perjuicios. Todas las causas serán vistas en un juicio por jurado.

Según se desprende de la demanda, los acusados son Santana; el comisionado Municipal de la Policía, Elizardi Rivera Díaz; la directora de Recursos Humanos y alcaldesa interina, Jomir Dávila Rosario; el director de Operaciones de Campo y comisionado interino de la Policía Municipal, Raphael Rodríguez Jiménez; y Jane and Joe Doe de Insurance Company ABC.

Los empleados municipales alegan que consistentemente e incesantemente fueron objetode hostigamiento. Además, que se ejecutaron en su contra unos procedimientos disciplinarios innecesarios, discriminatorios y excesivos a la misma vez que les cesaron sus funciones, los privaron de continuar en el empleo y de recibir algún tipo de ascenso.

De acuerdo a la demanda, los hechos se remontan a cuando Santana nombró a Rivera Díaz para ser el comisionado Municipal de la Policía y los empleados presentaron una carta firmada a la Legislatura del Municipio en la que se oponían a la confirmación. Durante la vista de confirmación, los demandantes plantearon que Rivera Díaz no reunía las cualificaciones necesarias para el cargo, pues no contaba con el mínimo de estudios requerido. No obstante, pese a la oposición fue confirmado ese mismo día.

A consecuencia de que no favorecían la designación, y siendo Rivera Díaz su nuevo supervisor, los demandantes sufrieron represalias y acosos. Por ejemplo, detallan que algunos fueron asignados arbitrariamente a que vigilaran edificios públicos abandonados o en áreas lejanas que estaban localizados en zonas con alta tasa de criminalidad. Esto sin contar con el apoyo adecuado, ni los recursos necesarios, poniendo en riesgo su seguridad.

Por tales motivos, la demanda señala causa por violación a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al violar sus derechos de Libertad de Expresión, al cometerse represalias. Al mismo tiempo, determina que el asunto de la confirmación de Rivera Díaz era uno de trascendencia pública, debido a los retos que conllevaba para la administración.

De igual forma, el documento expone que no se cumplieron con las leyes locales de Represalias contra empleado por ofrecer testimonio y causa de acción, y el estatuto de la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, que no se actuó conforme a lo establecido en la Constitución de Puerto Rico ni en el Código Civil.

A raíz de supuestas conductas ilegales e inconstitucionales, hacía los derechos de los demandantes, causándoles un daño irreparable que continúa perjudicándoles emocional y económicamente, piden una indemnización no menor a $1 millón para cada uno. En el caso de los matrimonios también afectados por los acusados, estos deben pagarles no menos de $500,000 a cada uno.

Del mismo modo, los demandantes solicitan que la orden de desagravio preliminal sea permanente, como recompensa al dinero perdido al igual que beneficios.

También, reclama que ya que los demandados actuaron en contra de los empleados municipales emitiendo una orden de imponerles un castigo excesivo, estos deben incurrir con los gastos y los honorarios de los abogados.