Las críticas al Tribunal Supremo por determinar ayer que la Ley 54 de Violencia Doméstica no aplica a las relaciones ‘adúlteras’ continuaron hoy por parte de organizaciones que catalogan la decisión ‘estrecha y retrógrada’.

El Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR) considera que la decisión del Tribunal Supremo que denegó las protecciones de la Ley 54 de Violencia Doméstica a una mujer casada que supuestamente fue agredida por un hombre con quien sostenía una relación fuera del matrimonio, le da luz verde a la violencia contra las féminas.

Según el MAMPR, la Ley 54 se creó para erradicar la violencia en relaciones de pareja y no excluyó las relaciones en las cuales una de las partes está casada con una tercera persona, por lo que la sentencia emitida ayer por el Supremo traiciona la intención de la Ley y envía un mensaje incorrecto y tergiversado sobre su aplicabilidad.

El juez Kolthoff Caraballo emitió un voto de conformidad a la decisión, al que se unieron los de Mildred Pabón Charneco y Rafael Martínez Torres, en el que expresó que el propósito principal de la Ley 54 es proteger la institución familiar y no las relaciones adúlteras.

Por otro lado, según la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán, la sentencia del juez asociado Kolthoff Caraballo se inventa una interpretación de la Ley 54 ‘que no existe’.

La también abogada aseguró que la ley no establece que se deba aplicar al ámbito estrictamente familiar, por lo que la decisión del Supremo yerra, además de haber sido interpretada desde un ángulo ‘fundamentalista’ que se está imponiendo en todas las ramas del Gobierno.

Según Pagán, la decisión traerá como consecuencia que los agresores tendrán un nuevo argumento intimidatorio, en el sentido de que podrán amenazar con decirles a sus parejas casadas que no están protegidas y de que se verán menos cohibidos a agredir.

Las expresiones del Tribunal Supremo como parte de la sentencia sobre la aplicación de la Ley 54 a parejas adúlteras, aunque no sientan precedente, dejan esa legislación ‘coja’ y atentan contra la protección de miles de mujeres porque denota una falta de compromiso con la protección de las víctimas de violencia doméstica.

Así opino la profesora Esther Vicente, una de las abogadas que trabajó en la redacción y aprobación de la Ley 54 en 1989 y que hoy plantea su preocupación porque las expresiones sobre cómo la ley no debe aplicar a parejas adulterinas puede afectar a víctimas en todo tipo de relación en la medida en que fiscales, policías, y jueces dejen de respaldar el estatuto.

Contrario a lo que expresó el juez asociado Erick Kolthoff, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana planteó que la ley no está hecha para proteger la unidad familiar.

‘(La ley) lo primero que plantea es sacar a la parte agresora del seno de la familia, el primer remedio es el arresto, el segundo es la orden de desalojo, hay que proteger a la pareja que sufre la violencia’, indicó para luego enfatizar que ‘ese núcleo familiar ya no existe, ha sido destruido por esa violencia’.

‘El tribunal está tomando una medida, que en el 1989 adoptó la Asamblea Legislativa y que ha sido modelo para toda América Latina y España, y la está interpretando de forma sumamente conservadora, la está dejando coja, es un retroceso’, declaró.

Detrás de la postura de que la ley no aplica a parejas en relaciones adulterinas está el deseo de ‘imponer unos valores tradicionales sobre lo que es una forma de relacionarse como pareja, y deja descubiertas a miles de mujeres’.