Documentos generados en la demanda federal que mantiene la viuda de Miguel Cáceres por el asesinato de su esposo a manos del policía Javier Pagán dan cuenta del largo historial de abusos y de conducta sospechosa en la que se involucraron Pagán y otros agentes sin que la Uniformada hiciera nada.

El encubrimiento del asesinato ocurrido en agosto de 2007 llegó al punto de que hasta el agente de la División de Homicidios que investigó la escena dejó fuera de su informe la versión de los múltiples testimonios de testigos que daban cuenta del abuso cometido por Pagán.

Pesquisa Boricua examinó el expediente del caso federal 08-1486 y constató que la producción de miles de pliegos en deposiciones tomadas bajo juramento a una veintena de testigos en el mencionado caso, colocan a la Policía en un serio caso de violación de derechos civiles y encubrimiento en momentos en que las autoridades del Departamento de Justicia en Washington estudian la posibilidad de poner a la agencia en sindicatura.

La narración de las determinaciones de hecho en el caso contra Javier Pagán, asesino de Cáceres y contra el superintendente de la Policía entonces, Pedro Toledo, entre otros, traza la ruta del encubrimiento que desde el mismo día de los hechos, el 11 de agosto del 2007, se alega que ejecutaron el comandante de área, Edwin Rivera Merced, el teniente Víctor Cruz Sánchez, el sargento Juan Colón Báez, director de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) y el agente de Homicidios, José Rivera Rodríguez.

Sólo un teniente, Luis Rodríguez, y adscrito el día de los hechos al plan de trabajo de impacto en áreas de alta incidencia, de donde salieron a la calle Pagán y los agentes Zulma Díaz y Carlos Sustache, pareció actuar con corrección al notificarle por escrito a sus superiores, Rivera Merced y Cruz Sánchez, que en el asunto hubo exceso de fuerza y negligencia por parte de los agentes.

Los hechos ocurrieron mientras Cáceres dirigía el tránsito en medio de una actividad de un quinceañero en el sector playero Punta Santiago de Humacao y los agentes intervinieron con éste advirtiéndole que sólo ellos daban tránsito y en el caso de Díaz le increpó ‘te voy a arrestar porque yo quiero’.

Pero la violencia mortal que estalló ese día tuvo indicios desde antes sin que se tomara acción.

Pagán Cruz, por ejemplo, no sólo era un agresor doméstico, sino que una semana antes de los hechos en agosto del 2007, fue testigo, junto a su compañero Sustache, de cómootro uniformadode la Unidad de Operaciones Tácticas de Humacao, asesinó a un joven en un festival en Las Piedras. Nunca fueron entrevistados ni dieron cuenta a las autoridades sobre ese caso.

En el pedigree de Pagán Cruz y de Sustache, éste último quien salió ileso de las acusaciones que pesaban en su contra por la modalidad de cooperador en los hechos en que resultó muerto Cáceres, se encuentra haber sido testigos de la escena donde resultó muerto Nelson Santiago Rivera de 21 años, un joven que se alega forcejeó con un policía estatal compañero de los primeros dos. El jóven recibió seis balazos estando en el piso.

De acuerdo con los hechos contenidos en el pleito civil que se sigue contra cinco oficiales de la Policía, un ex superintendente y contra el convicto Pagán, el cinco de agosto del 2007 tanto Sustache como el hoy encarcelado de por vida, participaban como civiles del Festival de la Juventud de Las Piedras cuando presenciaron la escena de muerte. No dijeron nada a sus superiores ni nunca fueron entrevistados por los investigadores.

Ni Pedro Toledo, ni el comandante de área de Humacao, Edwin Rivera Merced, ni los supervisores de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), Rafael Figueroa Solís, Juan Báez Colón, y Víctor Cruz Sánchez, supieron que ambos uniformados fueron testigos del asesinato de Santiago Rivera, hijo de otro oficial de la Policía del área.

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