El Tribunal de Circuito de Boston revocó la decisión del juez de la Corte de Estados Unidos aquí, Gustavo Gelpí, al decidir que erró al desestimar una demanda en que 14 empleados de La Fortaleza alegan que el gobernador Luis Fortuño, los despidió luego de que los entrevistara sobre la manera en que llegaron a laborar y la Primera Dama les hiciera comentarios negativos sobre la pasada administración de gobierno. Todos son afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

En una opinión de 37 páginas, la Corte Apelativa le repasa al juez Gelpí por lo menos dos casos de reciente decisión en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dejan clara la normativa para sostener adecuadamente un reclamo bajo las leyes federales.

El pleito de Carmen N. Ocasio Hernández versus Luis Fortuño Burset y su esposa Lucé Vela Gutierrez, abre una Caja de Pandora sobre las alegaciones de discrimen político de la administración actual de gobierno, desde la misma Mansión Ejecutiva. La Primera Dama está demandada como jefa del Comité de Restauración y Mantenimiento de La Fortaleza.

También están demandados, en su carácter personal y privado, el ex sub secretario de la gobernación, Juan Carlos Blanco y la administradora, Velmarie Berlingeri Marín.

Gelpí desestimó el pleito desde su faz con relación a Fortuño, Vela Gutierrez y Blanco, los tres funcionarios de mayor jerarquía en el pleito.

'Las alegaciones en la demanda presentan un reclamo plausible de discrimen por razones políticas bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos', lee la opinión escrita por el juez Kermit Lipez y apoyada por el puertorriqueño, Juan B. Torruellas.

Los empleados, algunos de hasta 20 años de servicio en La Fortaleza, fueron despedidos a tres meses de la primera pareja del país sentarse en el Salón del Trono del Palacio de Santa Catalina. Tan temprano como en el 2010, ya habían recibido su primera demanda por discrimen político por acciones imputables directamente a ellos.

La opinión del Tribunal Apelativo establece que una de las alegaciones de los demandantes es que en enero del 2009, La Fortaleza se convirtió en un mitin del Partido Nuevo Progresista (PNP), exhibiéndose 'banderas y logos y hojas sueltas de apoyo al Gobernador'. Los empleados discutieron abiertamente sus afiliaciones políticas y los penepés fueron ascendidos de posición y 'se corrió la voz de que los afiliados al PPD iban a ser sustituidos por penepés'.

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