Una auditoría del Departamento de Salud federal le acaba de señalar al Departamento de la Familia que mantiene fondos federales expuestos al fraude y al mal uso porque no supervisa el dinero que pasa a cuatro entidades bajo el programa Community Services Block Grant (CSBG).

Las entidades son los municipios de San Juan y Bayamón, Acción Social de Puerto Rico Inc. (ASPRI) y el Instituto Soci-económico Comunitario Inc. (INSEC). Ya ASPRI ha sido objeto de un caso criminal y, más recientemente, de un boletín de alerta por parte de los propios inspectores sobre el riesgo de fraude que tienen los fondos asignados a esa entidad sin fines de lucro.

Estas entidades recibieron casi $100 millones en los últimos dos años. Según reportajes del Puerto Rico Daily Sun y denuncias de la representante popular Carmen Yulín Cruz, estos fondos han sido mal utilizados en asuntos como la compra de computadoras. De hecho, hasta llaveros con desbotelladoras, de color azul, han sido comprados con estos fondos. También, NotiCel reseñó la queja de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de que ASPRI e INSEC estaban denegando irrazonablemente los préstamos de $5,000 para el inicio de pequeños negocios que se supone estarían disponibles con fondos CSBG.

La auditoría señala una inacción que se arrastra desde 2007. Sin embargo, en su reacción a NotiCel, la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, insiste en presentar el hallazgo como una falla de la anterior administración que ella comenzó a corregir cuando llegó.

‘Esto corresponde a la omisión de la agencia, para los años 2000 al 2008, donde no se llevaron a cabo las mencionadas auditorías y procesos de supervisión exigidos por el programa. Fue a partir de la llegada de esta administración, que se ordenó que se cumpliera con este requisito federal de auditar las agencias delegadas’, indicó Irizarry.

‘El departamento no estableció controles internos adecuados para evaluar y monitorear fondos CSBG, regulares y de ARRA… el departamento no condujo evaluaciones completas a los cuatro recipientes de CSBG dentro de un período de 3 años… sin estas evaluaciones, el departamento no puede determinar adecuadamente si estos proveedores cumplieron con las metas, los estándares administrativos y los requisitos de manejo financiero’, indica la auditoría publicada ayer.

‘Más aún, los fondos para el programa CSBG y ARRA pueden estar en riesgo de fraude, desperdicio, y abuso’, concluyeron al adelantar que van a emitir auditorías separadas para tres de los cuatro proveedores.

Los encargados de estos fondos en cada proveedor son AliciaRamirez Suarez (ASPRI), JolandaVélez Pérez (INSEC), Dalia Martínez (San Juan), y Joseph Gracía Rivera (Bayamón).

Vea la auditoría aquí.