El gobierno de Luis Fortuño y la Legislatura – dominada por su Partido Nuevo Progresista (PNP)- presionados por los sectores fundamentalistas, no han aprobado legislación que proteja a diversos grupos sociales, incluyendo a los miembros de la comunidad gay, a los que le piden sus votos, pero no los protegen con sus acciones.

El reciente caso de la brutal paliza que recibió la transexual Francheska es una prueba de cómo el gobierno discrimina doblemente contra los miembros de esa población propiciando, a su vez, un problema de salud pública.

La víctima se quejó de que ‘hasta para los perros hay leyes que los protegen’, más no así contra los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros (LGBT).

Para el doctor Carlos Rodríguez Díaz, profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, ‘todos somos Francheska’.

‘El alza en las acciones de violencia hacia diversos grupos sociales, como son los infantes, niños, mujeres y personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) es en parte reflejo de la desprotección y desatención gubernamental a las poblaciones más vulnerabilizadas en nuestra sociedad puertorriqueña’, dijo el doctor a NotiCel.

El caso de Francheska ni tan siquiera fue informado por la Guardia Municipal de San Juan al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía estatal.

‘Las personas LGBT están particularmente vulnerables pues ni siquiera se reconocen sus derechos y permea un discurso social, avalado por religiosos y políticos, de que es mejor ser invisible que ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero’, destacó Rodríguez Díaz.

Pese al reclamo de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, el PNP que ostenta el poder gubernamental ni tan siquiera ha cumplido con su compromiso programático de aprobar la legislación que prohíbe el discrimen en el empleo por orientación sexual.

‘La ausencia de leyes y políticas que expresamente protejan a estos grupos favorece un ambiente de permisibilidad, pues se presume que está bien ser violentos ante la diferencia así como se evidencia la inacción del estado para proteger y procesar debidamente a quien atente contra la seguridad de estas personas. Esto se agrava ante la realidad de que hay muy pocos recursos legales disponibles para proteger a estos grupos y los que existen no se utilizan adecuadamente’, sostuvo el doctor en salud pública.

El gobierno de Fortuño tampoco ha aprobado las enmiendas a la Ley 54 de Violencia Doméstica que, según una polémica sentencia del Tribunal Supremo – también dominado por jueces nombrados por el partido en el gobierno – no aplica a personas en relaciones adúlteras.

Las personas involucradas en ese tipo de relación consensual también están desprotegidas y vulnerables a ser agredidas, y sus agresores disfrutan de impunidad.