La secretaria de la Familia, Yanitzia Irizarry, evitó contestar si está satisfecha con el manejo del caso de un menor de 14 años que estaba bajo la custodia de su agencia cuando asesinó al estudiante Julián Romero Rodríguez en el turístico sector del Condado.

La funcionaria reconoció que el menor se evadió de un hogar de crianza adscrito al Departamento de la Familia y lamentó que ni sus funcionarios ni la Policía lo pudieran ubicar antes que asesinara al joven de 20 años.

'No pudimos localizarlo', dijo Irizarry, quien aseguró que los trabajadores sociales y las autoridades policiales siguieron el protocolo, pero lamentablemente no se pudo localizar al menor.

Irizarry indicó que el menor se evadió cuando iba a darse el proceso de su traslado de la Administración de Instituciones Juveniles, donde estuvo recluido por una falta de agresión contra la cuidadora de un hogar de crianza del Departamento de la Familia, pero no pudieron ubicarlo.

'Fuimos a la comunidad y nadie sabía nada, fuimos donde sus familiares biológicos que confidencias era que estaba por esa área, aparentemente alguien lo ocultaba y nadie sabía nada. Los trabajadores sociales junto a la Policía activaron el protocolo, obviamente el menor permanecía evadido, alguien lo estaba ocultando con las consecuencias que todos sabemos', destacó en conferencia de prensa.

Tras catalogar el caso como uno 'bien triste y bien lamentable', Irizarry resumió el historial de maltrato que vivió el menor.

'Este joven, cuya historia nos duele, el Departamento de la Familia interviene con él allá para el 2009. Para nuestra sorpresa, cuando se intervino este joven aparentemente ya en la comunidad tenía una vida de adulto desde los 11 años. Había un patrón de negligencia de sus padres… Lo ubicaron en un hogar de crianza con una cuidadora a la que agredió y fue ingresado por la falta de agresión a la Administración de Instituciones Juveniles', recordó.

Según la funcionaria, cuando hay cooperación de la familia y de la comunidad, se logra localizar al 95% de los menores que se evaden de los hogares de crianza.

Precisó que unos 600 hogares de crianza en los que había problemas de seguridad fueron cerrados y que ahora quedan 2,000 que sí son seguros.

'Yo desearía que no se escapara ninguno, pero la realidad es que hay un por ciento mínimo (de evadidos) que los estamos trabajando con una incrementación de seguridad', sostuvo.

La titular de la Familia evitó contestar, además, si el menor debe ser juzgado como adulto como reclaman los padres de Romero Rodríguez.

'Yo me quiero abstener de contestar esa pregunta, no quiero entrar en materia de ese proceso criminal, pero yo creo que el que infringe la ley, viola la ley, tiene que cumplir con ella y la ley debe caerle con todo el peso de la ley sin importar quién sea y de dónde venga', destacó.